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No es sobre derechos ni sobre autores, es sobre poder

Quizás lo entendimos todo mal. Durante años, activistas de todas partes del mundo hemos tratado de inyectar sensatez a la discusión sobre derecho de autor, abogando por reformas legales que aseguren el adecuado balance entre los legítimos derechos de los autores, con el legítimo derecho de todos y todas a acceder, disfrutar y participar activamente de la vida cultural y científica de nuestros países, incluyendo a quienes, gracias a la tecnología, han descubierto y explorado nuevas formas de crear, poniendo en entredicho las nociones clásicas de autoría heredadas de la Ilustración y cuyas obras viven en la incertidumbre legal, cuando no son derechamente ilícitas.

No nos ha ido muy bien. Los plazos de protección siguen extendiéndose, la criminalización aumenta y la mayoría de estas decisiones se toma en el marco de tratados de libre comercio que hacen virtualmente imposible enmendar el rumbo. Y el argumento es siempre el mismo: los creadores tienen derecho a vivir de su obra (o al menos a intentarlo). El derecho de autor recompensa y promueve la creación. Sin derecho de autor el arte y la ciencia se extinguen. ¿Quién va a invertir en conocimiento y cultura si no hay forma de recuperar esa inversión? – “Sí, pero…”- y más o menos hasta ahí queda la conversación. Después se nos acusa de querer quitarle el sustento a tantos sacrificados creadores, gente respetable, gente necesaria.

Pero quizás esta discusión no es sobre artistas, ni justas compensaciones, ni acceso, ni leyes equilibradas, sino sobre poder.

En 1991, el rapero Biz Markie, su equipo de productores y su sello, Warner Bros. perdieron una demanda de derechos de autor interpuesta por Grand Upright por el uso de un sample de la canción “Alone Again (Naturally)” de Gilbert O’Sulivan. El caso es famoso porque sentó como precedente en Estados Unidos la necesidad de autorizar (y compensar económicamente) el uso de cualquier sample en otra canción, una práctica que hasta ese entonces se encontraba en un área legal gris. Pero la trastienda del caso es todavía más interesante: en un comienzo, Biz Markie intentó licenciar el sample. Tras descubrir la naturaleza cómica de la obra del rapero, O’Sulivan se negó a autorizar su uso. Biz Markie publicó la canción de todos modos.

Lo que buscaba O’Sulivan no era la justa compensación por el uso de su creación, sino controlar el modo en que su trabajo era referenciado en otro. No era una disputa económica, era una disputa de poder: qué es lo que se puede crear, quién puede crearlo y quién decide.

Claramente este es un ejemplo puntual, pero las preguntas que plantea puede ser ilustrativo de un contexto mayor. Y probablemente el área donde esta discusión tiene un mayor impacto para los países del sur global es la producción de conocimiento científico.

No cabe duda, la producción de conocimiento es clave en la vía al desarrollo económico y social de nuestras naciones. Pero es una ruta cuesta arriba para naciones pobres, incapaces de gastar lo que las naciones ya desarrolladas invierten en investigación científica. Se genera así un círculo vicioso: para salir de la pobreza debes invertir, pero para poder invertir debes salir primero de la pobreza.

Una de las áreas donde todos estos factores –conocimiento científico, propiedad intelectual, poder- confluyen de forma más clara es el acceso a los artículos de investigación científica, los hombros de los gigantes de los que hablaba Newton, y que son la base para cualquier futuro trabajo de investigación.

Cómo se ha mencionado en muchas ocasiones, el actual sistema de publicación de artículos científicos es una industria altamente lucrativa para un grupo de prestigiosas editoriales y un problema para todos los demás: los investigadores envían sus artículos gratis, un grupo de pares voluntarios revisan los méritos del trabajo y, si es bueno, es incluido en una publicación de suscripción millonaria. Y los miembros de aquellas instituciones que no pueden costear estas suscripciones quedan en muchos sentidos marginados de participar, nutrirse y generar ciencia de alto nivel. ¿Quiénes van a poder generar investigación de alto impacto? Aquellos que puedan costearlo. Y esa premisa puede condenar eternamente a los países al subdesarrollo.

Es por eso que una iniciativa como Sci-Hub, repositorio que da acceso ilegal a 62.000.000 artículos académicos, es tan interesante. Su creadora, Alexandra Elbakyan, ha sido condenada en dos ocasiones a pagar 15 millones de dólares en compensación a Elsevier y 4,8 millones a la American Chemical Society; el sitio ha visto su dominio cancelado varias veces en los últimos meses. Ella simplemente ha elegido esconderse y hacer caso omiso a las demandas. “Cuando yo era estudiante en la universidad de Kazajistán, no tuve acceso a ningún documento de investigación, documentos que necesitaba para mi proyecto. Es de locos pagar 32 dólares [por estudio] cuando tienes que ojear o leer cientos de documentos para hacer una investigacióndeclaraba en una carta a uno de los jueces.

No hay mucha duda de que bajo el actual sistema, las acciones de Sci-Hub atentan contra el derecho de autor de las editoriales. Pero la pregunta no es esa, sino ¿qué otra opción existe? A cinco años de la trágica muerte de Aaron Swartz nos seguimos haciendo la misma pregunta.

Pero no todo está perdido: Hasta ahora Sci-Hub ha logrado evadir la persecución, el biólogo colombiano Diego Gómez ha sido declarado inocente por haber compartido una tesis en internet (en otro gran ejemplo del derecho de autor como una forma de ejercer poder y determinar quién puede o no investigar), y ante la posibilidad de una nueva extensión del plazo de protección de propiedad intelectual en Estados Unidos, muchos informantes internos explican que la reacción pública haría inviable una acción en esa dirección.

Algo es algo. Por ahora.

Tratto da derechosdigitales.org

En la OMC se negocia desconociendo nuestros derechos digitales

La más reciente ronda de negociación de la OMC estuvo marcada no solamente por el intento de incluir nuevas temáticas a la discusión sobre las reglas del comercio mundial. Estuvo además marcada por la exclusión de la sociedad civil del proceso, de forma incluso contraria a la historia del foro. Cerca de 60 individuos de más de 20 organizaciones, incluida Derechos Digitales, vieron cómo su acreditación fue revocada días antes del evento. El gobierno argentino emitió un comunicado esgrimiendo razones de seguridad, acusando a los grupos excluidos de ser disruptivos y violentos, lo que fue recibido con estupor por la comunidad internacional e incluso por las empresas. Lo cierto es que se marginó a estas organizaciones exclusivamente por tener una posición distinta a la del gobierno organizador del evento, lo que no se condice con una sociedad democrática.

Esta exclusión no solo se tradujo en la incapacidad de la sociedad civil para acreditarse, y por tanto participar del evento. El gobierno del presidente Macri llegó al extremo de retener en el aeropuerto de Ezeiza y deportar al activista Peter Tiland y la periodista Sally Burch. Otras organizaciones de la sociedad civil ni siquiera pudieron viajar a Buenos Aires, ya que el gobierno argentino rechazó sus solicitudes de visa sin expresión de causa. Incluso quienes pudieron acreditarse vieron con preocupación cómo el gobierno argentino organizó el evento de tal manera que la prensa y la sociedad civil estuvieran en un edificio, y las delegaciones de los países en otro, a varias cuadras de distancia, dificultando la capacidad de los dos primeros para contactar a los negociadores. Del mismo modo, el hecho de que la sociedad civil no pudiera participar de la ceremonia de apertura y clausura no tiene precedente en rondas pasadas de la OMC.

Todo lo anterior debe servir como un llamado de atención. Hasta hace poco tiempo se argumentaba, incluso desde la sociedad civil, que la inclusión de estos temas a nivel OMC podría ser positivo por el mayor nivel de apertura y participación al interior de este organismos internacional, especialmente en comparación con procesos plurilaterales como TPP, TiSA y NAFTA. Sin embargo, lo que ha sucedido en Buenos Aires ha dejado en evidencia que esta noción está muy lejos de la realidad.

Más allá del bochorno internacional

Una de las novedades de esta ronda de negociación fue el creciente interés de los países desarrollados, agrupados en “Friends of E-commerce for Development” por incluir el comercio electrónico en la agenda de temas que la OMC debe negociar en el futuro inmediato.

Esta propuesta aparentemente inocua debe ser vista con precaución. Por supuesto que nadie se opone a la promoción del comercio electrónico, pero el llamado de estos países a avanzar en la materia no es neutral. Una revisión de los non-papers propuestos basta para darse cuenta que muchas de las disposiciones más polémicas de TPP y TiSA están siendo propuestas como reglas que deben ser adoptadas a nivel global. Entre ellas, la obligación de permitir el flujo transfronterizo de datos, incluidos datos personales, además de reglas para impedir que se exija la revelación del código fuente como política pública, y la prohibición de que se exija a las empresas operar con servidores a nivel local.

Sin embargo, elementos esenciales para la promoción del comercio electrónico, como asegurar el acceso universal a internet y la consagración del principio de neutralidad de la red, brillaron por su ausencia. Todo indica que la promoción del comercio electrónico, al igual que en TPP y TiSA, se limita a aquellos aspectos que van en el interés de las grandes corporaciones.

Lo cierto es que todavía no sabemos cuál será el impacto económico, social e incluso en el carácter de nuestras democracias del hecho que Facebook y Google dominan hasta el 85 % del mercado de la publicidad en línea. Hoy internet se configura como un espacio de producción para el norte global y de consumo para el sur. Las reglas que se están discutiendo en la OMC tienden a mantener ese estado de cosas, y no desafiarlo.

¿Fin a la promesa del multilateralismo?

La falta de resultados de esta ronda de negociación parece haber mermado la confianza de muchos países en que se puede avanzar en materia de comercio en un modelo multilateral. La declaración del USTR, que nadie creería posible hace un par de años, habla de una “nueva era” en OMC, en donde se avanzará en los temas a través de acuerdos entre grupos de países que piensan parecido.

Este esquema no se condice con las reglas mismas de la OMC, constituye una noción peligrosa y que debe ser enfrentada. Luego de que no se lograra el consenso necesario para lograr un mandato de negociación en comercio electrónico, un grupo de 70 países, incluyendo varios latinoamericanos, publicaron una declaración conjunta manifestando que iniciarán trabajo exploratorio en miras a una futura negociación en la materia, y que este grupo estaría abierto a todo país que se quiera unir.

La legitimidad de esta estrategia es cuestionable. La OMC cuenta con órganos establecidos encargados del estudio, discusión y negociación de distintos temas. No le corresponde a un grupo de países declarar que trabajarán en cierta materia de forma paralela, pues les permite avanzar en la materia desde su perspectiva particular y constituye una presión indebida sobre el resto de los países que forman parte de un organismo internacional que opera por consenso.

Panorama a futuro

Esta vez no se alcanzó el consenso necesario para iniciar negociaciones en materia de comercio electrónico. Sin embargo, la declaración conjunta de países desarrollados muestra que es probable que la sociedad civil deba mantenerse alerta sobre cómo se aborda esta materia al interior de la OMC.

La capacidad de hacer escuchar nuestra voz en estos asuntos, que puede tener profundos y duraderos efectos en cómo nos desenvolvemos en línea, dependerá de que no se repita el autoritarismo con que Argentina abordó la organización de esta ronda de negociación. Es de esperar que la próxima ministerial incorpore criterios de transparencia y participación, y asegure que distintos actores críticos puedan ser tomados en consideración en esta instancia.

Mientras tanto, los esfuerzos de la sociedad civil deberán multiplicarse para mantenerse alerta de lo que se discute al interior de la OMC, al mismo tiempo que se opone activamente a las reglas que vulneran nuestros derechos en los procesos de TPP, TiSA y NAFTA.

Tratto da derechosdigitales.org

La Neutralidad de la red bajo ataque II: El regreso

No, no es el título de la última entrega de Hollywood. Mientras nuestros amigos de los EE. UU. se preparaban alegremente para las celebraciones de su Día de Acción de gracias, el Chairman de la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai, se encontraba cocinando algo más que pavo y salsa de cranberries.

Lo que fue comunicado oficialmente el 21 de noviembre es el documento titulado “Restoring Internet Freedom”, propuesta regulatoria que vendría a sustituir la “Open Internet Order” de 2015, que estableció meridianamente el principio de neutralidad de la red en el país del norte. La propuesta, que se someterá a votación el próximo 14 de diciembre, propone eliminar todas las reglas de neutralidad de red actuales, con la excepción de una regla de transparencia modificada.

Eso significa que, en adelante, los proveedores de servicio de internet (ISP) de los EE. UU. serían libres de bloquear, acelerar o ralentizar sitios web, aplicaciones y servicios, cobrar tarifas a las compañías en línea por acceder a los suscriptores del ISP, o entrar en acuerdos con proveedores de servicios y aplicaciones para darles condiciones de conexión privilegiada de velocidad a sus suscriptores, bastando que los ISP informen a sus clientes sobre la existencia de este tipo de acuerdos. Es decir, decidir, según su conveniencia económica, qué sitios y servicios funcionan mejor que otros en internet.

La propuesta elimina también todas las reglas de estándar de conducta destinadas a asegurar la supervisión del regulador de las facultades de administración de la red limitadamente reconocidas a los proveedores de servicios. Con esto, abre la puerta al ejercicio de discrecionalidad técnica y comercial de los ISP en la oferta de servicios, como gestión de tráfico o esquemas de zero-rating.

No conforme con el retroceso respecto del estándar de neutralidad de la red hoy vigente, la propuesta va más allá: al echar pie atrás a la clasificación del servicio de banda ancha como servicio de comunicación (common carrier) y catalogarlo como servicio de información (information service), imposibilitaría que en el futuro la FCC adopte o imponga alguna norma significativa que permita garantizar la neutralidad de la red.

La norma además limita la posibilidad de que sean los Estados quienes adopten sus propias reglas de neutralidad de la red, distintas de la regulación federal, lo que hará imposible que estos reaccionen implementando sus propias normativas ante la falta de protecciones de la neutralidad de la red a nivel federal.

Algunas encuestas muestran que la iniciativa de eliminar la protección de la neutralidad de la red parece ser tremendamente impopular en todos los sectores del espectro político, lo que no ha detenido esta iniciativa con nefastas consecuencias como precedente global.

Desafortunadamente, la FCC no es responsable directamente ante el público, y Pai ha dejado en claro que no tiene la intención de dar mucho peso a la opinión pública o la cantidad de comentarios recibidos por la FCC en apoyo de las reglas de neutralidad de la red. Sin embargo, a los miembros del Congreso sí les importa lo que piensan sus electores, y como ellos son los encargados de supervisar los esfuerzos de la FCC en este espacio, ellos tienen el poder de detenerlo. Por eso las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos están haciendo un llamado a que las personas se comuniquen con sus representantes para exigirles la protección de la neutralidad de la red.

Como lo plantea Tim Wu -a quien se le atribuye la paternidad teórica del principio de neutralidad de la red- lo más probable es que este episodio de revés regulatorio termine con la intervención de las Cortes de los Estados Unidos. De acuerdo a los estándares normativos del derechos administrativo norteamericano, las decisiones administrativas solo pueden ser revocadas cuando la agencia federal involucrada cumpla con examinar evidencia fáctica que demuestre la conveniencia de un cambio de estándar, lo cual difícilmente podría ser el caso de la regla de neutralidad cuyo resultado a sido mayoritariamente satisfactorio. Pero aun con la previsible intervención judicial, este movimiento regulatorio no deja sin riesgo todo lo que suceda en el tiempo intermedio.

La propuesta de la FCC no tiene solamente efectos en los EE. UU. Gran parte de los servicios de internet son ofrecidos por plataformas que operan desde Estados Unidos, donde los acuerdos con los ISP serían los que determinen quiénes son ganadores y perdedores con alcance global. Los usuarios de internet en nuestra región verán afectadas sus posibilidades de acceder a contenidos y aplicaciones, lo que implica una restricción de acceso a la información y al conocimiento.

La decisión de Pai resulta además un nefasto precedente para otras latitudes, en las cuales el reconocimiento del principio de neutralidad ha sido inexistente o débil en su ejecución, como precisamente es el caso de varios países de América Latina conforme se muestra en un estudio coordinado por Intervozes este año. La propuesta de la FCC puede así convertirse en un mal modelo de regulación que podría además ser copiado por otros países.

Desde otros lugares del mundo podemos sumarnos a la reacción pública en contra del desmantelamiento de la neutralidad de la red pues, como lo explicábamos hace unos meses, no podemos quedarnos indiferentes ante esta amenaza que, como internet, no reconoce límites territoriales.

Tratto da derechosdigitales.org

Derechos Digitales invites you to Latin America in a Glimpse

Derechos Digitales and the Association for Progressive Communication (APC) cordially invite you to the release of “Latin America In A Glimpse,” a summary of the most noteworthy activity in the digital rights arena in the region this year.

The event will be held on December 17th at Room 13,  Centre International de Conférences Genève (CICG), in Geneva, Switzerland (17 rue de Varembé, CH – 1211 Genève 20) from 15:00 to 18:00, in anticipation of the Internet Governance Forum that will begin the following day. This is a perfect opportunity for the international community to connect and better understand the reality of human rights on the internet in Latin America.

We will have two conversation tables with activists around the region, and the international community will have the chance to ask questions and engage with them.

The first discussion panel will be conformed by María Martha Escobar from EnRedadas (Nicaragua), Joana Varon from Coding Rights (Brasil), Angie Contreras from Internet Society (México) and Valeria Betancourt from APC as moderator.

The second discussion panel will be conformed by Kemly Camacho from Sulá Batsú (Costa Rica), Silvana Bahia from Preta Lab (Brasil), Maricarmen Sequeira from TEDIC (Paraguay) and Juliana Guerra from Derechos Digitales as moderator.

It would be great if you could confirm your attendance by filling out the form below, but is not required to participate.

Tratto da derechosdigitales.org

Gobierno argentino impide la participación de Derechos Digitales en la reunión ministerial de la OMC

Con consternación y molestia hemos recibido la notificación de que el Gobierno argentino ha decidido cancelar nuestra participación en la undécima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebrará en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017.

Al menos 63 organizaciones de la sociedad civil se encuentran en una situación similar. El Gobierno argentino no entregó explicación alguna que fundamente esta decisión.

Se trata de una medida inédita y sorprendente, contraria a cualquier estándar democrático mínimo y que resta cualquier vestigio de legitimidad que pudiera haber tenido la reunión. De esta forma, una vez más, se excluye del debate sobre las reglas del comercio mundial a los representantes de la sociedad civil.

Esperamos que el Gobierno argentino enmende esta irregular situación y dé las explicaciones correspondientes.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos desarrollado y suscrito la siguiente carta de protesta:

COMUNICADO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO ARGENTINO DE NEGAR LA ACREDITACIÓN DE EXPERTOS Y ACTIVISTAS PARA PARTICIPAR EN EL DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Las organizaciones no gubernamentales que firman la presente nota manifiestan públicamente su profundo descontento con la sorprendente e infundada decisión del Gobierno argentino de negar la acreditación a investigadores, expertos y activistas para participar de la undécima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebrará en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017.

Organizaciones como Derechos Digitales, basada en Chile y trabajando en America Latina, y Red Brasileña de Integración de los Pueblos (Rebrip), en Brasil – junto con otras organizaciones civiles de Argentina, Bélgica, Finlandia, Holanda, Reino Unido – recibieron una notificación esta semana de que su inscripción oficial previamente aceptada por la OMC, y en contra de la voluntad de esta última, fue cancelada por “autoridades de seguridad” del gobierno argentino, sin expresión de ninguna explicación razonable y legítima.

Se trata de un movimiento inédito y absolutamente antidemocrático. La decisión del Gobierno argentino, informada por e-mail por los organizadores del encuentro ministerial, impide que las discusiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio sean auditadas por la sociedad civil, impidiendo el ejercicio del multisectorialismo y la construcción democrática de acuerdos internacionales que afectan los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo.

No aceptamos que a expertos y activistas simplemente se les “aconseje no viajar a Argentina” sin explicaciones claras de (1) cuáles son los problemas de seguridad tomados en cuenta por el Gobierno argentino para tomar tal determinación, (2) la identificación de las autoridades que han tomado esta decisión y (3) el fundamento de la particular exclusión de organizaciones involucradas con la agenda de comercio electrónico y de derechos digitales.

Pedimos solidaridad y apoyo de organizaciones civiles de América Latina y del resto del mundo. También invocamos el apoyo de la OMC y de nuestros gobiernos, muchos de los cuales han creado instancias específicas de participación de la sociedad civil en la agenda de comercio, y valoran las discusiones multisectoriales en la construcción de la agenda de comercio internacional. Exigimos que el gobierno argentino revise su decisión de impedir la participación democrática de entidades no gubernamentales. Exigimos explicaciones claras y fundamentadas de lo ocurrido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

Santiago, 30 de noviembre de 2017

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Brasil
Fundación Karisma, Colombia
Hiperderecho, Peru
Derechos Digitales, America Latina
Red en Defensa de los Derechos Digitales, Mexico
TEDIC, Paraguay
Access Now, USA
Public Knowledge, USA
IPANDETEC, Panamá
Associación por los Derechos Civiles, Argentina
Ibidem, Brasil
Intervozes, Brasil
Proteste, Brasil
Actantes, Brasil
Casa da Cultura Digital, Brasil
Garoa Hacker Clube, Brasil
Movimento Mega, Brasil
Contee, Brasil
Ciranda Comunicação Compartilhada, Brasil

Tratto da derechosdigitales.org

Contraloría rechaza el Decreto Espía

Tras varios meses de deliberación, la Contraloría General de la República ha publicado hoy su resolución respecto al nuevo reglamento sobre “Interceptación de comunicaciones telefónicas y otras formas de telecomunicación, y de conservación de datos comunicacionales”, conocido comúnmente como Decreto Espía. De forma contundente, la entidad de control ha decidido no dar curso al decreto, por no ajustarse a derecho.

El documento firmado por el Contralor General, Jorge Bermúdez Soto, establece que diversas disposiciones del citado reglamento buscan regular materias propias de ley, como las relativas a la conservación de datos comunicacionales por parte de los prestadores de servicios, y las atribuciones de los jueces de garantía y el Ministerio Público, excediendo las normas del Código Procesal Penal.

Además se cuestiona la vaga redacción del decreto, con referencias poco claras como “órganos del estado”, “toda otra institución”, intervinientes”, “autoridad competente” y “autoridad”, expresiones que no se ajustan estrictamente a los referidos preceptos legales.

Para María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales, organización de la sociedad civil que lideró los esfuerzos en contra del llamado “Decreto Espía”, se trata de una decisión satisfactoria: “Estamos muy contentos de que la institucionalidad haya funcionado y la Contraloría haya rechazado el Decreto Espía como claramente excesivo y contrario a la ley, además de lesivo de derechos fundamentales, como hemos sostenido desde que éste salió a la luz. Cualquier discusión de esta naturaleza sólo puede darse en un contexto de debate democrático en el congreso, y no por vía reglamentaria“, declaró Canales. “Seguiremos impulsando en todas las instancias el respeto de la privacidad como derecho esencial para el ejercicio de las libertades públicas imprescindibles para una sociedad democrática“.

Cabe recordar que el “Decreto Espía” buscaba reemplazar el actual reglamento de interceptación de comunicaciones y almacenamiento de datos comunicacionales (Decreto 142 de 2005), que regula la obligación contenida en el Código Procesal Penal de almacenar las direcciones IP de los usuarios de internet por al menos un año. La normativa hoy rechazada ordenaba a las empresas de telecomunicaciones a almacenar, por un mínimo de dos años, los datos comunicacionales de cualquier tipo de comunicación realizada en Chile, exigiendo además datos adicionales como historial de conexiones a internet y la geolocalización de los clientes.

El “Decreto Espía” generó un amplio rechazo por casi la totalidad de los actores relevantes en la discusión, desde el sector técnico hasta las organizaciones de derechos humanos, siendo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy el único que defendió públicamente el proyecto. Al escrito presentado por Derechos Digitales ante la Contraloría se sumaron otros seis, elaborados por distintas entidades.

Tratto da derechosdigitales.org

25N: construir de una internet sin violencia

La violencia de género en línea es un continuo que existe junto al contexto heteronormativo y patriarcal predominante en el mundo físico. Los relatos de la variedad de ataques sufridos día a día por todo tipo mujeres (niñas, indígenas, lesbianas, trans) y en diferentes roles (madres, activistas, periodistas, políticas, académicas) nos obligan a pensar en las herramientas que pueden construirse para combatir directamente esa violencia: desde lo técnico, lo discursivo, lo artístico y lo social. Muchas iniciativas de ese tipo ya se están tejiendo y consideramos que es importante conocerlas, usarlas y celebrarlas este #25N.

La violencia de género toma diversas y horrendas formas en su manifestación física, sexual, psicológica y económica. A menudo las víctimas quedan atrapadas en un círculo que pone el énfasis en su re-victimización y en la ausencia de herramientas para combatirla de forma más efectiva. Habitualmente no se presta suficiente atención a que en todos los casos, la disponibilidad de herramientas legales para frenar o prevenir la violencia no es la única herramienta ni la más eficiente para detener la violencia. La clave en todos los casos es el apoyo y el acompañamiento, las redes de confianza, los espacios donde las víctimas puedan comunicarse sin temor a ser agredidas, para poder desarrollarse como sujetos integrales, y no sólo perpetuarse como víctimas.

Tal como sucede en las iniciativas contra la violencia de género que se desarrollan en el mundo físico que cuentan con programas de acompañamiento, capacitación laboral o residencias de acogida, para enfrentar la violencia en línea hoy se están construyendo numerosos espacios y movimientos a través de iniciativas de empoderamiento tecnológico; talleres y manuales de seguridad digital; repositorios de aprendizajes sobre derechos, autodefensa y autonomía digital para mujeres de identidades diversas; y el desarrollo de infraestructuras feministas y autónomas, entre otras iniciativas. Todas estas iniciativas están cambiando el foco desde la violencia hacia las herramientas y el poder que como mujeres podemos desarrollar para combatirla. Este año hemos dedicado nuestro tradicional informe “Latinamerica in a Glimpse” a documentar algunas de estas experiencias, que veremos en diciembre próximo.

Desarrollar estrategias de apropiación del espacio digital en respuesta a la violencia es urgente para combatir la narrativa que se construye cuando luego de una agresión digital se fuerza a que sean las mujeres quienes abandonen tales espacios considerados ‘inseguros’, dejando como resultado la autocensura y la impunidad, al timpo que es el perpetrador de la violencia quien gana cuando se silencia la voz de la víctima.

Aún queda mucho por hacer y necesitamos ser más exigentes con las plataformas privadas que ofrecen servicios a través de internet, en lo que les compete a reconocer y reaccionar oportunamente a ataques coordinados que buscan silenciar a mujeres en el entorno digital, en correlato a la censura y la violencia que sufren en el espacio físico.

Existe una deuda pendiente en términos de la transparencia con que las plataformas reciben y procesan solicitudes de este tipo, así como los criterios de procedimiento y sustantivos que se tienen en consideración para resolverlos. La sensibilidad a los condicionamientos culturales, sociales y etnográficos de nuestra región también resulta aquí un imperativo de responsabilidad social empresarial para plataformas configuradas desde otras latitudes.

La violencia en línea, tal como la violencia física, probablemente no desaparecerá nunca por completo, pero se le puede disputar el espacio a través de iniciativas como las que enunciamos aquí. Ellas ocupan el espacio virtual desde nuevas premisas de respeto e igualdad, que cambian la filosofía defensiva -que aún es tremendamente necesaria- por una de conquista de los espacios autónomos y seguros para que las mujeres puedan comunicarse y organizarse.

Las narrativas son tremendamente importantes en este proceso de apropiación y combate de la violencia: con alegría, con libertad de equivocarse y aprender, con espontaneidad, con compañerismo y solidaridad.

Como lo apunta Darinka Lejarazu a propósito de las bondades de tejer juntas: “Las feministas defendemos a capa y espada los espacios de mujeres y creo fervientemente que deberíamos de volver a tejer juntas y es que hay algo especial entre un grupo de mujeres que se reúnen a tejer, bordar, coser… estas actividades te dan la posibilidad de la escucha activa, juntas, mientras creamos cosas con nuestras manos podemos pensar, podemos abrir nuestro corazón, hablar de nuestros problemas, buscar soluciones juntas, hilamos ideas, entretejemos nuestras historias, aprendemos unas de otras y construimos desde el amor, el amor que solo se puede experimentar entre mujeres, creamos un nuevo cotidiano que nos permite sanar las heridas y respirar en este mundo que nos quiere ver ahogadas; ganar fuerzas para combatir”.

Construyamos estos espacios. Este 25N las invito como punto de partida a revisar las recomendaciones de Ciberseguras rumbo al #25N: herramientas y consejos para colectivas para una participación segura en las actividades que nos lleven a las calles. Conmemoremos esta fecha. Sigamos la lucha contra la violencia en todas sus formas. Vamos a tejer juntas una nueva internet.

Tratto da derechosdigitales.org