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México y Chile quieren trabajar por los Derechos Humanos vigilando a sus ciudadanos

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es un organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global. El CDH monitorea situaciones de violaciones de los derechos humanos y formula recomendaciones a los Estados; además trabaja en forma permanente en cuestiones temáticas y en situaciones de violación a los derechos humanos en países específicos. Está compuesto por 47 estados miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre los países Latinoamericanos que se han presentado como candidatos al CDH este año están México y Chile. El lunes 11 de septiembre, por sexto año consecutivo Amnistía Internacional y el International Service for Human Rights (ISHR) organizaron dos reuniones (una en Ginebra y la otra en Nueva York) con el propósito de dar oportunidad a los candidatos de presentar sus visiones y compromisos concretos con la defensa de los derechos humanos. Esto porque no existe otra instancia formal para estos efectos, y porque este evento representa una oportunidad única para que actores de la sociedad civil interactúen directamente con los gobiernos y puedan interpelarlos acerca de su postura concreta respecto de temas específicos que afectan el ejercicio de los derechos humanos.

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil, desde Derechos Digitales tomamos esta oportunidad hacer llegar a los representantes de México y Chile nuestras preocupaciones particulares, a través de Twitter utilizando el hashtag #HRCPledging. Les preguntamos sobre su compromiso con el ejercicio de derechos humanos en el entorno digital y en general, en relación con el uso de tecnologías. También les preguntamos sobre su su compromiso de trabajo respecto de dichos asuntos desde su eventual posición en el CDH.

Tal como fue destacado por uno de los moderadores al inicio del evento en Nueva York, por su misión, el CDH es probablemente el más noble de los cuerpos que integran el sistema de las Naciones Unidas, pero su legitimidad depende esencialmente de que sus estados miembros no ignoren o directamente vulneren los derechos humanos de sus propios ciudadanos. En las candidaturas de México y Chile, este principio está en riesgo.

En la región existen numerosos desafíos pendientes en materia de derechos humanos, tales como políticas públicas que se hagan cargo de formas históricas de discriminación como aquellas asociadas al género, la opción sexual y la pertenencia a pueblos originarios. Asimismo, la acción de los Estados en la región se ha mostrado insuficiente cuando se trata de asegurar la libertad de expresión y de participación democrática de la sociedad civil, especialmente en cuando se trata de garantizar la seguridad a periodistas, defensores de derechos humanos o comunidades que luchan por la integridad de sus territorios y por la protección del medio ambiente.

Todos estos asuntos tienen un correlato en el uso de la tecnología y la presencia online de los actores sociales. Es por eso que el compromiso de los Estados con los derechos humanos debe extenderse a este espacio. En 2016, el mismo CDH, a través de su Resolución para la “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet” observó “la importancia de generar confianza en Internet, en particular en lo que respecta a la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos humanos, para que Internet alcance su potencial”. Además reconoció que “la privacidad en línea es importante para materializar el derecho a la libertad de expresión y a no ser molestado por sus opiniones, sin injerencias, y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, y terminó expresando su profunda preocupación por “todos los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos contra las personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet, y por la impunidad con que se cometen”.

Tristemente, y lejos de lo que se esperaría de dos candidatos al CDH, durante 2017 tanto México como Chile han dado pasos precisamente en la dirección opuesta a la indicada en la Resolución sobre los derechos humanos en Internet.

México, decidió enfrentar la corrupción, las desapariciones forzadas y torturas de activistas, espiando a las organizaciones de la sociedad civil que denunciaban los excesos gubernamentales. A espaldas de la ciudadanía, el gobierno mexicano compró y usó un programa de espionaje llamado Pegasus para intimidar a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Luego de organizaciones de la sociedad civil denunciaran estos hechos, hoy día permanecen en la total impunidad sin una investigación apropiada, sin sanciones para los responsables y sin respuestas ni compromisos de acción futura de parte del gobierno mexicano. Y este espionaje se suma a un panorama de censura devastador, ya que México es de los lugares más peligrosos para ser periodista, después de países en guerra como Afganistán, y estados fallidos como Somalia. Desde el 2000, 104 periodistas han muerto y 25 han desaparecido, pero el Estado no ha emprendido acciones concretas para enfrentar esta situación.

Por su parte, comenzando el año Chile dio señales potentísimas de sintonía con el respeto de los derechos humanos en internet: presentó la tan anhelada iniciativa de actualización del marco normativo de protección de los datos personales; además presentó su Política Nacional de Ciberseguridad, elaborada por un Comité Multiministerial con participación de representantes de la sociedad civil y en la cual se plasmaron compromisos explícitos de pleno respeto a la privacidad y a la libertad de expresión en el ciberespacio.

Tristemente, opacando estas iniciativas el año avanza con uno de los atentados más grandes a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, a través de la introducción del Decreto 866 por parte del Ministerio del Interior, el cual busca extender las obligaciones legales sobre retención de datos de comunicaciones, en un sentido contrario a los estándares internacionales.

Interpelados por la sociedad civil durante la sesión del pasado 11 de septiembre, tanto el delegado mexicano como el chileno evitaron cualquier respuesta sobre sus posturas frente a los graves hechos aquí relatados, absteniéndose de efectuar compromisos específicos.

Si quieren ser dignos representantes de la región en el CDH, tanto México como Chile deben asumir un compromiso de trabajo por el respeto de los derechos humanos, tanto a nivel interno como en la región, que abarque su pleno ejercicio en el mundo físico, en el entorno en línea y en relación al uso de tecnología, de forma consistente con la democracia y la protección del ejercicio de las libertades públicas. Urgen un compromiso expreso y acciones concretas.

Tratto da derechosdigitales.org

El odio y los límites a la libertad de expresión

Sin embargo, a lo largo de las épocas, encontrar el balance entre la protección a la libertad de expresión y la demarcación de los límites del discurso que no se encuentra protegido por los derechos humanos ha sido delicado y riesgoso.

Recientemente, Alemania promulgó un decreto según el cual las compañías que administran redes sociales podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares si fallan en remover de sus plataformas los contenidos considerados como discurso de odio, y el Parlamento Europeo aprobó un plan que, de convertirse en ley, obligaría a las empresas a tomar medidas con respecto a este tipo de contenidos.

Esta tendencia no se limita únicamente a Europa: en Latinoamérica, el gobierno venezolano discute una ley que sancionaría a quienes publiquen contenidos catalogados como discurso de odio hasta con quince años de prisión, y permitiría al Estado bloquear las páginas web que considere incursas en este tipo de ilícito. En Ecuador, el ex-presidente Rafael Correa presentó a principios de este año un proyecto, y hace apenas unos días, el gobierno chileno presentó un proyecto de ley contra la incitación al odio; ambos textos contemplan sanciones de tipo penal.

La libertad de expresión tiene como norte la creación de condiciones para la existencia de una sociedad democrática y plural, y en este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que el concepto de orden público requiere garantías a la circulación de la mayor cantidad posible de noticias, opiniones e ideas. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana contemplan la necesidad de restricciones y establecen como límite, el primero, la apología al odio nacional, racial o religioso, y la segunda, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Sin embargo, en las Américas no existe un instrumento regional vinculante que regule de manera específica la prohibición de la discriminación por razones de origen nacional, racial o religioso. En este sentido, los parámetros con los que contamos para delimitar lo que puede considerarse discurso de odio surgen en referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de otros órganos con mayor desarrollo en el tema, como la Corte Europea o la Organización de Naciones Unidas.

Así, la Declaración Conjunta del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, y el Representante sobre la Libertad de los Medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se señaló que las expresiones que incitan al “racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia” son dañinas, y que si bien es necesario establecer medidas que rijan estas expresiones, dichas medidas pueden interferir con la libertad de expresión y por ende deben someterse a un conjunto de estándares mínimos de legalidad, legitimidad y necesidad. En este sentido, la Declaración Conjunta estableció que la normativa que regule el discurso de odio debe cumplir los siguientes parámetros mínimos:

  • Nadie debe ser penado por decir la verdad;
  • Nadie  debe  ser  penado  por  divulgar  expresiones  de  odio  a  menos  que se  demuestre  que  las   divulga con la intención de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia;
  • Debe  respetarse  el  derecho  de  los  periodistas  a  decidir  sobre  la  mejor  forma  de  transmitir  información  y  comunicar  ideas  al  público,  en  particular  cuando  informan  sobre  racismo  e  intolerancia
  • Nadie debe ser sometido a censura previa, y
  • Toda imposición de sanciones por la justicia debe estar en estricta conformidad con el principio de la proporcionalidad

Asimismo, la Corte Europea, en interpretación del artículo 10 de la Convención Europea, ha señalado que una restricción a la libertad de expresión, para estar justificada, debe ser “necesaria en una sociedad democrática” y perseguir “un objetivo legítimo”. Siguiendo este criterio, la Corte ha sostenido, por ejemplo, el derecho de un abogado turco al publicar panfletos que  exhortaban  a  los  “patriotas  demócratas  kurdos  y  turcos  a  que asumieran  sus  responsabilidades”, expresiones por las cuales el Tribunal de Seguridad Nacional turco lo condenó por incitación al odio. A pesar de que la interferencia estaba preestablecida en la ley, la Corte consideró que la condición de necesidad en una sociedad democrática no amparaba solo a las ideas que resultaran inofensivas, sino también a aquéllas que ofenden, perturban o distorsionan, por cuanto estas ideas son especialmente necesarias en una sociedad democrática.

Así, por ejemplo, la Corte Interamericana ha señalado que hay ciertos tipos de discurso que, lejos de estar exceptuados de protección, se encuentran especialmente protegidos por el amparo de la libertad de expresión, entre los cuales se encuentra el discurso político y sobre asuntos de interés público, el discurso sobre funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos, y los discursos que configuran elementos centrales de la identidad y la dignidad personales. Esto trae como consecuencia, por ejemplo, que de acuerdo con los parámetros interamericanos, nunca debe protegerse la reputación de un funcionario público a través de sanciones penales, sino solo civiles, y en general las leyes denominadas “de desacato” son consideradas atentatorias a la libertad de expresión.

Cabe, pues, indicar que resulta peligroso el desarrollo de leyes que vinculen de manera inextricable una plataforma o conjunto de plataformas con la expresión de discurso de odio. Tal parece que se ha vuelto popular sostener la opinión de que las redes sociales son “espacios para el odio”, cuando éstas no son más que canales para la comunicación de ideas, como en tiempos anteriores lo han sido el teléfono, la prensa y el telégrafo. Las posibilidades de masificación del acceso a canales para la expresión del discurso no tienen ningún peso o influencia que afecte los parámetros para la protección de la libertad de expresión; los estándares siguen siendo los mismos independientemente del canal utilizado para la transmisión o difusión del discurso.

Por otra parte, responsabilizar a los intermediarios respecto a la remoción o -más grave aún- censura previa del contenido considerado como discurso de odio constituye un riesgo inadmisible por diversas razones, la primera de las cuales es que los intermediarios no pueden ser forzados a evaluar sustantivamente la legalidad del contenido de terceros, dado que esta responsabilidad corresponde única y exclusivamente a una autoridad de carácter judicial. Al convertir al intermediario en mediador del contenido, cada plataforma tiene sus propios estándares para lo que considera permisible, lo que en la práctica constituye tercerizar la administración de justicia a empresas que poseen y obedecen a sus propios intereses.

Por último, es importante entender que las posibles soluciones que un Estado puede plantear al problema del discurso de odio no son necesariamente -o no solo- de carácter punitivo. El odio como fenómeno social no es algo que sucede en el vacío, sino en el contexto de una sociedad y una historia con ciertas características, y en consecuencia, no es razonable pretender que la simple promulgación de una serie de prohibiciones corregirá la existencia del fenómeno, ni que censurarlo evitará otra clase de consecuencias. Así, la educación en derechos humanos y la educación para el respeto de la diversidad, la existencia de procesos y espacios para la justicia y la reconciliación, junto a la creación de sistemas que permitan la supervisión y la respuesta necesaria a las minorías vulnerables, son medidas indispensables que frecuentemente son olvidadas en el abordaje de este complejo problema.

Tratto da derechosdigitales.org

¿Qué dice el llamado “Decreto Espía”?

El pasado lunes 28 de agosto, Derechos Digitales presentó ante la Contraloría General de la República observaciones de ilegalidad respecto al decreto Nº 866 del Ministerio del Interior, también conocido como “Decreto Espía”, que modifica el reglamento de interceptación de las comunicaciones y almacenamiento de datos comunicacionales.

El objetivo de la acción es impedir la toma de razón del decreto y, con ello, su entrada en vigencia, por limitar derechos garantizados en la Constitución, lo que solo es posible a través de una ley, y por ser por ser incompatible con el artículo 222 del Código Procesal Penal, la ley 19.628 Sobre la protección a la vida privada y el artículo 24 H de la Ley general de telecomunicaciones.

¿Pero qué dice exactamente el decreto Nº 866?

Pocas personas tuvieron acceso al contenido del decreto Nº 866 antes de ser presentado a la Contraloría General de la República, en tanto el Gobierno decidió redactar el decreto con el mayor sigilo, sin informar a la ciudadanía, la comunidad técnica ni la academia.

Mediante una solicitud de transparencia, Derechos Digitales tuvo acceso al decreto, cuyo contenido detallamos a continuación:

  • Sobre el tipo de datos que deben ser recolectados:

El artículo 222 del Código Procesal Penal ordena a las empresas de telecomunicaciones a almacenar los rangos autorizados de direcciones IP y un registro, no inferior a un año, de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados.

Por su parte, el artículo 8 del decreto Nº 866 obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar “todos los datos comunicacionales”, definiendo “comunicación” de forma excesivamente amplia en el artículo 2 Nº4 como “la emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza”. Luego, en el artículo 10, hace una lista de los datos mínimos que deberán ser recolectados, incluyendo información sobre los participantes de la comunicación, datos de geolocalización y antecedentes que permitan conocer los datos administrativos y financieros del suscriptor, entre muchos otros.

Claramente el decreto plantea una exigencia mucho mayor que la ley respecto al tipo de datos que deberán ser recolectados.

  • Sobre el plazo del almacenamiento de los datos:

El ya mencionado artículo 222 del Código Procesal Penal establece que las empresas de telecomunicaciones están obligadas a almacenar los números IP de las conexiones que realicen sus abonados por un plazo “no inferior a un año”.

Por su parte, el artículo 8 del decreto Nº 866 establece que los datos comunicacionales deben ser almacenados por un plazo no menor a dos años, planteando un mínimo superior al contemplado en ley.

  • Sobre la obligatoriedad de la orden judicial

El artículo 5 del decreto Nº 866 establece la necesidad de contar con una orden judicial para solicitar la interceptación de las comunicaciones. Sin embargo, este requisito no está presente en relación a la conservación y entrega de datos comunicacionales, tratados en el artículo 8 y siguientes.

Esta omisión demuestra que el objetivo del decreto es dejar la puerta abierta a una interpretación que permite a las policías acceder a nuestra información sin la necesaria orden judicial.

  • ¿Quién está autorizado para acceder a los datos comunicacionales?

El artículo 1 del decreto establece que la información recolectada por las compañías de telecomunicaciones debe estar a disposición del Ministerio Público y de “toda otra institución que se encuentre facultada por ley para requerirlo”.

Puesto que el Ministerio Público es la única institución facultada por la ley para acceder a los datos almacenados por las compañías de telecomunicaciones, esta redacción llama la atención y sugiere que podría ser usada para permitir el acceso de otras instituciones a estos datos.

Esto es problemático, puesto que la justificación para facultar el acceso exclusivamente al Ministerio Público es el resguardo de las garantías del debido proceso y la inclusión de otras entidades, como las policías, las ponen en riesgo.

  • Trabas al cifrado

 El artículo 3 i) del decreto Nº 866 prohíbe a las empresas mantener e incorporar tecnología o equipamiento que dificulte o impida la recolección de los datos de las comunicaciones. Esto entorpece la eventual implementación de tecnologías de cifrado que pudiese proteger tanto el contenido como los metadatos de las comunicaciones de los usuarios.

Descarga acá el #DecretoEspía

Tratto da derechosdigitales.org

Gobierno de Chile busca aumentar su capacidad de vigilancia, aunque sea inconstitucional

Esta semana, gracias a la labor del periodismo de investigación, la ciudadanía ha podido tener acceso al contenido del decreto que modifica el reglamento de interceptación de comunicaciones, que hasta el momento se había mantenido en secreto. Estas revelaciones son de la mayor gravedad y merecen la condena de toda la ciudadanía.

¿Qué dice el decreto?

La nueva normativa pretende modificar la obligación que tienen las compañías de retener los datos de las comunicaciones que se realizan en Chile, extendiendo el período de almacenaje de uno a dos años.

Igual de preocupante que la extensión del período de retención, resulta el hecho que el decreto pretenda aumentar -en tipo y número- los datos sobre las comunicaciones que son almacenadas por las compañías de telecomunicaciones, ampliando además este registro a todos los tipos de comunicaciones que se realizan en Chile, incluyendo:

  • Datos de titular.
  • Llamadas que realiza.
  • Con quiénes se comunica.
  • Los sitios que visita en internet.
  • Tráfico de dato y voz de las comunicaciones.
  • Datos de las comunicaciones a través de sistemas de mensajería, como WhatsApp.
  • Ubicación georeferenciada de todos los clientes.

Se suele argumentar que todos los datos anteriormente mencionados no son sensibles, puesto que no dan cuenta del contenido de las comunicaciones, sino que son datos sobre las comunicaciones; solo son “metadatos”.

Sin embargo, existe abundante evidencia de que los metadatos pueden decir incluso más que el contenido de las comunicaciones, ya que permiten realizar un análisis de los patrones de comportamiento del afectados, sus hábitos e incluso predecir su comportamiento futuro. De ahí que sea discutible la legitimidad de las medidas que obliguen a establecer una retención general de metadatos (de todos los habitantes del país), más aún cuando esta práctica ha sido declarada ilegal en otras latitudes.

El decreto además cuenta con un artículo que prohíbe a las compañías de telecomunicaciones la implementación de cualquier tipo de tecnología que pudiese entorpecer la entrega de esta información, lo que puede implicar un obstáculo importante para la implementación del cifrado de las comunicaciones.

No solo eso: el decreto establece la posibilidad de exigir a cualquier persona, jurídica o natural, almacenar datos comunicacionales, mediante una orden judicial. Eso significa, por ejemplo, que se le podría pedir a un medio de comunicación que almacene los datos de las comunicaciones de sus periodistas con sus fuentes, lo mismo respecto a una universidad con sus estudiantes o una organización de activistas con sus miembros.

Como ha señalado el (ex) Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, “Las leyes nacionales de conservación de datos son invasivas y costosas, y atentan contra los derechos a la intimidad y la libre expresión (…) aumentando considerablemente el alcance de la vigilancia del Estado, y de este modo el alcance de las violaciones de los derechos humanos”.

El decreto es inconstitucional

Actualmente, tanto el período como la naturaleza de los datos comunicacionales que las empresas deben almacenar se encuentran regulados en el artículo 222 del Código Procesal Penal. Ahí se establece, de forma expresa, que dicha retención se realizará por un período de un año y se limita únicamente a los números IP de las conexiones que realicen sus abonados. Mediante este decreto, el Gobierno pretende regular materias propias de ley, saltándose la discusión democrática que exigen aquellas materias que impactan el ejercicio de derechos fundamentales.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que ciertos actos del gobierno pueden tener un impacto en el ejercicio de derechos fundamentales. Por lo mismo, nuestra Constitución limita las facultades del poder político, exigiendo que este tipo de medidas solo puedan ser reguladas por el legislador, una entidad independiente del Poder Ejecutivo y sujeta a control democrático.

De espaldas a la ciudadanía

Resulta preocupante que una medida tan sensible y con consecuencias tan graves se haya gestado sin consulta a expertos académicos, a la comunidad técnica ni a la sociedad civil. De hecho, a la “mesa técnica” de trabajo solo fueron convocadas las empresas de telecomunicaciones.

Por otro lado, el Gobierno parece borrar con el codo lo que escribe con la mano. A pesar de las declaraciones del subsecretario Mahmud Aleuy, resulta evidente que el contenido de este decreto es incompatible con los lineamientos de la recién estrenada Política Nacional de Ciberseguridad, que entre otras cosas, valora la implementación de tecnología de cifrado, establece la necesidad de asegurar el debido proceso y considera que la vigilancia masiva es una vulneración a los derechos fundamentales.

Igualmente contradictorio resulta que la presidenta Bachelet haya presentado hace algunos meses una nueva Ley de Protección de Datos Personales, puesto que obliga a las empresas almacenar una cantidad enorme de datos sensibles de sus clientes y mantenerlos a “disposición del Ministerio Público y de toda otra institución que se encuentre facultada por ley para requerirlos”, sin exigir expresamente que su entrega esté sujeta a la existencia de una orden judicial previa.

Pasos a seguir

Actualmente, el nuevo reglamento está firmado por la presidenta Michelle Bachelet y se encuentra en la Contraloría General a la espera de la respectiva toma de razón.

Que el gobierno busque aumentar su capacidad de vigilancia de forma inconstitucional reviste la mayor gravedad y significa un duro golpe al estado democrático de derecho. Ante esto, no queda más que la ciudadanía completa se una y exija el retiro del decreto.

Tratto da derechosdigitales.org

La infraestructura de internet, ¿soberanía o gobernanza?

Manuel Castells escribió hace tiempo que las redes constituyen la nueva morfología social de nuestras sociedades y que la lógica de la puesta en red determina ampliamente los procesos de producción, experiencia, saber, poder y cultura.

Las tecnologías de la información -incluida internet- son reflejo de cómo se estructura nuestra sociedad y por eso, desde hace varios años se han promovido los principios de internet: que sea una red descentralizada, que tenga interoperabilidad y que sea neutra. En este contexto es importante traer al debate la soberanía tecnológica como una práctica para la democratización y la descentralización, de la red pero también, y sobre todo, del poder y del conocimiento.

Aunque internet se define como una red de redes descentralizadas, dicha presunción es cuestionable debido a que la mayoría de capas que conforman su arquitectura pertenecen a grandes empresas privadas que ostentan el monopolio de la infraestructura física, lógica y de contenido, por ejemplo Google, Verizon, AT&T, Telxius, Facebook, T-Mobile, entre otras.

La monopolización de las telecomunicaciones en los países latinoamericanos comenzó en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 70. A su llegada, internet se insertó en este modelo económico y si bien con la privatización fue posible extender los servicios de telecomunicaciones a lugares lejanos, también trajo consigo la dependencia de los pueblos indígenas y no indígenas, muchas veces divididos por fronteras políticas que no los representan, frente a las ofertas comerciales que todavía hoy ponderan el beneficio económico sobre el beneficio social de llevar la infraestructura tecnológica allí donde aún no ha llegado.

Pero al tiempo que las tecnologías comerciales de internet crecían, con ánimos profundos de promover otras formas de organización, poder y cultura, surgieron también los movimientos hacker, de software y cultura libres, cuyo principio es precisamente la soberanía tecnológica, un concepto que de acuerdo con Alex Haché nos remite a la contribución que hacemos cada una de nosotras al desarrollo de tecnologías, rescatando nuestros imaginarios radicales, recuperando nuestra historia y memorias colectivas, re-situándonos para poder soñar y desear juntas la construcción aquí y ahora de nuestras infraestructuras propias de información, comunicación y expresión.

La soberanía tecnológica es fundamental para evitar la censura, el control, la vigilancia, la opresión y la dependencia; es una práctica para la autodeterminación y la autonomía de las diversas naciones, pues ubica a las tecnologías de la comunicación como un derecho humano que debe ser revisado desde el enfoque del bien común. Pero reconociendo que todo esto está también en fierros donde la red existe, en la infraestructura física.

Sin embargo, hasta ahora este tema no se ha considerado como relevante para la gobernanza de Internet. Hace poco, en el Foro de Gobernanza de Internet realizado en Guatemala, el representante de ICANN señaló que no había mucho que discutir o por hacer sobre el tema de la infraestructura, así que no debía ser incluido en la agenda. Entonces, ¿qué pasa si un día quienes poseen los cables submarinos, terrestres, servidores, etc., deciden bloquear la transmisión de información? En algunos países ya ha pasado que durante protestas sociales se cortan las telecomunicaciones.

Mientras no se discuta esto, mientras se considere que la infraestructura es un tema de gigantes, ¿cómo aseguramos que las telecomunicaciones sean herramientas para la democracia? Apostar por la soberanía tecnológica implica grandes inversiones, por eso es necesario regular la propiedad e instalación de infraestructura física, pero en un modelo donde participen todos los sectores -sociedad civil, gobiernos y empresa-: una gobernanza de la infraestructura.

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TLCAN. Sociedad civil internacional exige transparencia y respeto a los derechos digitales

Las organizaciones aquí firmantes defendemos y promovemos las libertades en internet. En los tres países involucrados con el TLCAN -México, Canadá y Estados Unidos- nuestro trabajo se centra en que los usuarios y usuarias de internet tengan derecho a acceder a la cultura y al conocimiento, que disfruten de una red libre y abierta, y que puedan innovar dentro de la misma.

En el contexto de la renegociación de este tratado, nos preocupa el impacto que este puede tener en las funciones críticas de internet y que en última instancia amenace el derecho de acceso a la información, la difusión de noticias, el intercambio cultural y la organización democrática.

Primero que nada, hacemos un llamado para que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos reformen sustancialmente el proceso de negociación de tratados para hacerlos más transparentes e inclusivos. Consideramos que es inaceptable que las reglas que rigen la vida pública se formulen en foros inaccesibles para los ciudadanos, sin permitir comentarios ni debates al respecto. En específico, exigimos lo siguiente: la publicación de los textos propuestos por cada gobierno antes de las negociaciones, así como los procesos para que miembros del público los comenten; que se publiquen las versiones consolidadas de los textos negociados entre cada ronda y que se anuncie la hora y el lugar de las reuniones principales con suficiente antelación. Además pedimos el establecimiento de grupos de consulta que sean ampliamente representativos tanto de las empresas como del interés público y que estos se comprometan a conducir las discusiones de forma abierta.

Sin estas reformas mínimas, la confianza frente a la conformación de tratados comerciales seguirá en declive. Esto a su vez implica que el contenido de los tratados enfrentará gran resistencia pública por falta de legitimidad en el proceso mismo.

Por otro lado, manifestamos nuestra preocupación porque los tratados comerciales no son mecanismos idóneos para crear políticas y reglas prescriptivas que gobiernen el uso de internet, la innovación, la creación cultural y los mecanismos para compartir contenido. En nuestra era digital, la tecnología se desarrolla más rápido que los mecanismos y reglas comerciales que pronto quedan obsoletos sin reflejar los cambios técnicos y sociales. En la práctica, esto impide que nuestros respectivos gobiernos hagan los cambios que se necesitan en temas tan dinámicos como la propiedad intelectual, lo cual a su vez impacta nuestros derechos a la cultura y a la libertad de expresión.

Sabemos que la tendencia de las reglas de propiedad intelectual en tratados comerciales es endurecer drásticamente las sanciones para favorecer a los titulares de derechos. Estos esfuerzos están encaminados a aumentar los plazos de protección y aplicar duras sanciones penales, sin que exista un contrapeso efectivo que proteja también los intereses de los usuarios.

Creemos firmemente que este tipo de reglas no pertenecen al ámbito de los tratados comerciales, y dado el plazo ambicioso para completar las negociaciones del TLCAN, la inclusión de medidas prescriptivas de este tipo impedirá que los gobiernos busquen consensos públicos para lograr un acuerdo comercial que beneficie a todas las personas.

Si a pesar de esto se decidiera incluir un capítulo de propiedad intelectual en el TLCAN, consideramos que es primordial que los derechos de los usuarios se garanticen de forma equilibrada frente a las demandas de los titulares de derechos. Deben existir mecanismos obligatorios para proteger regímenes de excepciones y limitaciones, de uso justo / uso legítimo y salvaguardas amplias para preservar el dominio público. Adicionalmente, no se deben extender los plazos de protección de derechos de autor que castigan a nuevos artistas y creadores, y no se debe sancionar penalmente la elusión de medidas tecnológicas de protección.

En esta misma línea, las reglas que busquen promover el libre flujo de datos a través de internet o que pretendan reducir las barreras al comercio de productos digitales deben respetar la voluntad de cada país al proteger la privacidad y la seguridad de sus ciudadanos. Esto incluye la posibilidad de poner límites a los flujos transfronterizo de datos y a la protección de secretos industriales.

La renegociación del TLCAN no debe desarrollarse en secreto y tampoco conducir a que las normas de propiedad intelectual se reescriban inclinando la balanza lejos del interés público o socavando una internet libre, abierta e interoperable.

Firmantes

Electronic Frontier Foundation

Creative Commons

OpenMedia

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

Public Interest Advocacy Centre

Derechos Digitales

Just Foreign Policy

Public Knowledge

Media Alliance

Engine

Data Roads Foundation

Public Citizen (Access to Medicines, Innovation and Information)

Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Common Frontiers

SPARC

Voices-Voix

May First/People Link

Internet Archive

SonTusDatos (Artículo 12)

STRM

Horizontal

Authors Alliance

Sierra Club Canada Foundation

Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC)

National Family Farm Coalition

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Otras batallas por el acceso abierto

Esta semana, una corte en India bloqueó el acceso a 2600 páginas para compartir documentos, entre ellas la biblioteca digital archive.org, por permitir la transmisión, subida o descarga de dos películas cuyos derechos están a nombre de dos casas productoras de Bollywood. Esta medida preventiva, además de desconocer los mecanismos de reporte y retiro de contenido propios de archive.org, tiene otros problemas legales de procedimiento entre los que se encuentra el hecho de bloquear páginas completas y no las extensiones concretas donde se alojan los contenidos protegidos por derecho de autor, lo cual puede constituir un acto de censura.

El bloqueo de este sitio web interrumpe el trabajo de investigadores y académicos que a diario acceden allí para consultar todo tipo de contenidos, muchos de los cuales difícilmente se encuentran en otros lugares de la red. Además, desconoce su papel como intermediario, así como el carácter legítimo de su trabajo, basado en la preservación del patrimonio común del entorno digital.

Por otra parte, hace poco más de un mes, un juez de EEUU condenó al portal de distribución libre y gratuita de artículos académicos Sci-Hub, junto con Library Genesis y otros sitios relacionados, a pagar 15 millones de dólares al gigante editorial Elsevier, por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual sobre al menos 100 artículos a los que es posible acceder desde estos sitios. Aunque al juicio no asistió ninguna representación de Sci-Hub, y su creadora Alexandra Elbakyian ha declarado antes que no tiene ningún compromiso con la ley estadounidense en materia de derecho de autor, su actividad en la liberación de contenidos académicos es considerada un acto ilegal y es permanentemente perseguida, por lo que Sci-Hub debe cambiar regularmente de dominio y funcionar desde la deep web.

Sin embargo, aunque los abogados de Elsevier afirmen que “Sci-Hub no agrega ningún valor a la comunidad académica” y la justicia considere que su actividad es ilegal, lo cierto es que desde su creación en 2011 y sobre todo en los últimos años, su popularidad solo ha ido en aumento, al punto que hoy en día, a través de este portal es posible acceder al 85% de los artículos con restricción de pago y tiene la capacidad de obtener rápidamente los documentos solicitados que no tiene. Esto, sumado a las actividades de boicot contra Elsevier que han adelantado recientemente instituciones académicas en Europa, demuestra que aunque las leyes y la justicia digan lo contrario, la tendencia podría ir hacia una transformación radical del sistema de acceso a artículos académicos.

Pero para que esto sea posible también es necesaria una transformación en las políticas y dinámicas de producción y publicación de contenidos, pues aunque el acceso abierto se esté convirtiendo en una constante, empresas como Elsevier ajustan sus modelos de negocio para evitar que se reduzca su poder en el mercado de la publicación académica. Por eso resulta tan valiosa la creación de redes para la promoción del acceso libre y abierto a contenidos académicos, pero también a la interacción entre sus autores. Este es el caso de propuestas como Humanities Commons y de Investigación Social punto Net, una plataforma abierta y colaborativa surgida en Bolivia, para interactuar, publicar, comentar y debatir libremente. Para que el impulso por el acceso abierto nos invite a poner en común lo que leemos y escribimos.

Tratto da derechosdigitales.org