Chile bajo Examen Periodico Universal de obligaciones de DDHH: El futuro es ahora

El próximo 22 de enero, Chile se
someterá al Examen
Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas
, uno de los
instrumentos más importantes para medir el compromiso efectivo de los Estados
con los derechos fundamentales. El proceso consiste en un examen de la
situación de derechos humanos en el país, y en ese sentido es una excelente oportunidad
para visibilizar las situaciones de vulneración que puedan existir, revisar y
hacer efectiva la vingencia de los tratados internacionales suscritos por el
país y, al mismo tiempo, proponer soluciones de mejora, a través de la
posibiliad que tienen los 193 países miembros de la ONU para hacer recomendaciones.

La sesión de revisión tendrá
lugar en enero y, como preparación,  entre el 10 y 21 de diciembre se desarrollaron
las pre-sesiones del Período
32 del EPU
en Naciones Unidas, donde distintas
organizaciones de la sociedad civil plantearon a los representantes de los Estados
miembros sus recomendaciones. En el caso de Derechos Digitales, estas fueron formuladas
en dos reportes alternativos presentados en julio pasado, en colaboración con
Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Privacy International y la
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC).  En la pre-sesión de Chile, Derechos Digitales
fue invitada como una de las oradoras de la jornada, lo que representó una
oportunidad única para poner en conocimiento de la comunidad internacional la
situación crítica de derechos humanos que vive Chile en relación al uso de la
tecnología.

Además, durante estas dos semanas Derechos Digitales sostuvo más de
30 reuniones bilaterales, dando a conocer a representantes de diversos países la
forma en que los derechos humanos están siendo impactados por la tecnología en
Chile, exponiendo a sus habitantes a situaciones de desprotección y
vulneración
.

Con estupor los representantes de los Estados mienbro nos
escucharon describir la operación
Huracán
y cómo en Chile se restringen ilegítimamente los derechos civiles y
políticos del pueblo Mapuche, al intentar interceptar comunicaciones privadas
de sus representantes, vulnerando no solo su derecho a la privacidad, sino
además ejerciendo nuevas formas de violencia institucional a través del uso de
la tecnología, intentando criminalizarlos a través de la implantación de
pruebas falsas en sus teléfonos celulares. También compartimos con los
representante de Estados la preocupante acción de agentes de la policía y de servicios
de inteligencia que han vigilado
y monitoreado
a activistas políticos, periodistas y medios de comunicaciones, tanto en
espacios físicos como digitales, restringiendo la libertad de expresión y su habilidad
de organizarse políticamente.  

En ese sentido, Derechos
Digitales ha propuesto que los Estados recomienden a Chile mejorar los
estándares legales que rigen a las fuerzas de inteligencia y policía, exigiéndoles
mayores niveles de responsabilidad y control en el ejercicio de sus facultades.
Del mismo modo, hemos instado para que los países recomienden garantizar el
respeto de la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, tanto en
espacios físicos y digitales, como lo han repetido
insistentemente los órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas.

Otro de los puntos relevantes a
la que quisimos llevar la atención de los representantes de los Estados
miembros de la ONU se relaciona con el uso creciente de diferentes tecnologías
de vigilancia – tanto de parte de los privados, como por el Estado – y la  vulneración de derechos que se produce, por
ejemplo, en la implementación de sistemas de identificación biométricos en Malls
de la capital
(cámaras de reconocimiento facial)
y en las medidas de efienciencia implementadas por JUNAEB (enrolamiento de huellas digitales de menores de edad
beneficiarios de alimentación). Hemos puesto en conocimiento de la
comunidad internacional que el Estado chileno ha decidido enfrentar la
seguridad pública mediante una vigilancia distópica, propia de países
autoritarios como China,
así como enfrentar sus problemas de eficacia en la entrega de alimentos con
sistemas que no tenemos idea ni cómo funcionan, ni qué estándares de seguridad
tienen, ni cómo pueden utilizar en el futuro o poner en riesgo los datos
biométricos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la población.
Así, hemos hecho un llamado a los representantes de distintos Estados a
formular recomendaciones para la implementación de procesos de evaluación de
impacto que puedan prevenir la desproporción en la afectación de derechos que
este tecnosolucionismo genera.

Además hemos solicitado a los
representante de Estado que recomienden incorporar el uso responsable de tecnologías por parte de compañías privadas al
Plan
de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile
, y que
el Estado de Chile limite su colección de datos personales para la
implementación de políticas públicas, siguiendo los estándares de legalidad,
necesidad y proporcionalidad, e incorporando además mecanismos participativos
de la comunidad afectada por tales políticas.

Por último, y no menos
importante, hemos solicitado a los representantes de Estados que transmitan a
través de sus recomendaciones la necesidad de que el Estado chileno se haga
cargo en forma integral de la violencia contra las mujeres en su expresión
digital, incorporando la temática en sus programas y políticas de prevención, y
capacitando a los operadores del sistema judicial (policía, ministerio público
y jueces) en el manejo adecuado de los casos para dar una atención oportuna a
los reclamos de las víctimas, y proveer a su reparación y reestablecimiento de
derechos.

Esperemos que el 22 de enero del 2019,
cuando los Estados recomienden a Chile qué medidas adoptar, Chile reconozca la
necesidad de hacerse cargo del impacto del uso de las tecnologías en el
ejercicio de los derechos humanos en la era digital. La tecnología es ya parte
integral de cada aspecto de nuestra vida, y el Estado chileno tiene la
obligación de que su uso sea consistente con la garantía y promoción de los
derechos humanos de sus habitantes.

No hay tiempo que perder, la tecnología está aquí y llegó para quedarse; el Estado chileno tiene en sus manos la decisión crítica de alinear su uso con un mayor respeto por los derechos humanos. No podemos esperar 4 años más para hacernos cargo de este desafío. El momento de las decisiones y de un compromiso efectivo con la vigencia de los derechos humanos hacia el futuro es ahora.

Tratto da derechosdigitales.org