La promesa incumplida de China de desarrollar la minería venezolana

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¿Cuáles fueron los beneficios de la millonaria inversión minera?

Imagen de fondo del Arco Minero del Orinoco, editada por Giovana Fleck | Global Voices

A principios de siglo XXI, China y Venezuela firmaron varios acuerdos de millones de dólares para el desarrollo del sector minero venezolano, actividad que ambos países promovían como alternativa a la excesiva dependencia que tenía Venezuela del petróleo. Las expectativas eran enormes. Sin embargo, años después, las inversiones no dieron frutos y el sector quedó atascado en el caos, sancionado por Estados Unidos y fuertemente criticado.

La apuesta de China a la minería

Según un informe del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, entre 2000 y 2020, Venezuela y China firmaron más de 470 acuerdos de cooperación bilateral. Venezuela se convirtió en la receptora principal de la financiación china en América Latina al recibir 45 % del total de los fondos destinados a la región, valor que asciende a más de 68 000 millones de dólares. El 91 % de los fondos se entregaron en forma de préstamos.

Venezuela se había vuelto uno de los socios de la región más cercanos a China. La alianza estrategia se basó en semejanzas ideológicas, como el objetivo de competir contra el poder de Estados Unidos promoviendo un orden mundial multipolar, y una rígida interpretación del principio de no intervención… siempre que operara en su favor.

También se basó en los intereses económicos mutuos: China buscaba materia prima para sostener su auge económico, nuevos mercados para sus productos y una puerta hacia América Latina y el Caribe; Venezuela deseaba romper con su principal socio comercial histórico, Estados Unidos. Aunque la industria petrolera mantuvo la delantera durante años, según el informe de Transparencia, hubo al menos 17 acuerdos concernientes al sector minero para la explotación de mineral de hierro, acero, carbón, oro y coltán.

En 2012, el fallecido presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo con China para prospectar, explorar y trazar mapas de los recursos mineros de Venezuela, y recibió muchas críticas de grupos expertos y de la oposición por haber entregado deliberadamente información crucial sobre recursos estratégicos, por haber ignorado la experiencia local y por la falta de transparencia. Ese mismo año, Venezuela entregó al Grupo CITIC de China la concesión para operar en Las Cristinas, que alberga una de las mayores reservas de oro del mundo.

Redoblar la apuesta en la minería

Entre 2014 y 2016, cuando el colapso de los precios del petróleo aceleró la crisis económica que ya se venía gestando en el país, Maduro puso al sector minero en el frente de su estrategia para diversificar y transformar la economía. Ante la necesidad de inversiones extranjeras para llevar a cabo la iniciativa, el Gobierno buscó promoverla como una estrategia que emulaba el modelo de desarrollo que, finalmente, llevó a China al auge económico. La inversión y participación china en proyectos suele ser elogiada como señal de un futuro exitoso.

En febrero de 2016, Maduro decretó la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO), zona que abarca 12 % del territorio nacional destinada a la explotación de recursos minerales para el desarrollo estratégico de  Venezuela. El mismo día, Maduro anunció que 150 empresas mineras de 35 países habían expresado su interés en operar en el Arco. Se incluía grandes empresas chinas interesadas en explotar oro, coltán y otros minerales.

Protesta pública

El ambicioso proyecto minero fue ampliamente condenado por varios sectores de la sociedad, desde las organizaciones indígenas y ambientalistas hasta investigadores, grupos expertos y líderes políticos, quienes hubiesen preferido su anulación, y recurrieron sobre todo a las redes sociales para expresar su malestar.

Las principales razones citadas para revertir el AMO son la degradación ambiental, incluso de zonas protegidas por su biodiversidad y de fuentes hídricas esenciales para el país; el impacto sobre la salud, el sustento y la seguridad física de las comunidades indígenas; la proliferación de actividades mineras ilegales; y la ausencia de consultas públicas y de la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como lo estipula la Constitución.

De los supuestos 35 países interesados en el Arco Minero del Orinoco, la participación de las empresas chinas ha sido señalada por ser particularmente dañina para el ambiente. El hambre de oro de China se percibe como voraz hacia Venezuela y sus recursos, pero también es un elemento importante que ayuda a sostener al gobierno de Maduro en el poder gracias a los recursos que le provee. Otras personas observan que la corrupción del Gobierno es responsable del fracaso del AMO y no las ambiciones del proyecto chino de infraestructura global conocido como Iniciativa de la Franja y la Ruta, y lo contrastan con otros proyectos exitosos financiados por China en otras partes del mundo.

El caso del Puerto de Palúa

En 2017, el presidente Nicolás Maduro transmitió la ceremonia inaugural de la ampliación del Puerto de Palúa sobre el río Orinoco, en el sur de Venezuela, durante su programa semanal de televisión. El proyecto buscaba ampliar la «capacidad de movilización» (en especial, la de exportación) de mineral de hierro, materia prima para el acero.

El hecho de que los aparatos de propaganda de los Gobiernos de China y Venezuela usaran la expansión del Puerto de Palúa para promover el éxito de su cooperación estratégica, aún si este no alcanzó el objetivo de incrementar la exportación de mineral de hierro, ayuda a contar una larga historia sobre grandes promesas y grandes inversiones sin transparencia y con muy poco para mostrar.

Según el Ministerio de Industrias y Producción Nacional venezolano, la ampliación es el «primer proyecto culminado a nivel nacional, financiado por el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo Chino–Venezolano», uno de los dos fondos que canalizaron la mayoría de los préstamos chinos a Venezuela.

El fuerte aparato mediático oficialista venezolano describió la finalización del proyecto como un rotundo éxito que ayudaría al país a generar ingresos mediante el aumento de las exportaciones. Haciendo eco del Gobierno venezolano, los medios estatales chinos también proclamaron el proyecto como el resultado exitoso de la «Alianza Estratégica Integral» entre China y Venezuela.

En términos más amplios, ambos Gobiernos buscaron presentar la expansión del puerto como un ejemplo de la contribución de China al desarrollo económico y social de Venezuela, y a la siempre esquiva diversificación de su economía basada en el petróleo.

Aunque es escasa la información oficial pública sobre los acuerdos bilaterales entre China y Venezuela, periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales han armado el rompecabezas de este tratado y otros anteriores a fin de incrementar la responsabilidad sobre los proyectos de fondos públicos. Sus hallazgos pintan un cuadro diferente: Para empezar, el puerto de Palúa se terminó cuatro años más tarde de lo programado. Se había estipulado culminarlo a fines de 2012, pero se inauguró en 2017.

Además, fue el único proyecto culminado de un acuerdo firmado entre la empresa minera estatal venezolana (Ferrominera) y tres grandes constructoras estatales chinas, y en el cual se perfilaban otros dos proyectos para mejorar la infraestructura de la industria del hierro. En medio del desmoronamiento de su capacidad productiva, Ferrominera necesitaba desesperadamente la inversión en infraestructura para poder cumplir con otro acuerdo firmado con China en 2009.

Siguiendo el mismo esquema de materia prima por dinero del sector petrolero, Venezuela recibió de China al menos mil millones de dólares estadounidenses para invertir en la infraestructura minera, pagaderos con cargamentos de mineral de hierro a China. Teniendo en cuenta los precios internacionales de entonces, esto suponía un importante descuento.

La capacidad productiva de Ferrominera no aumentó. Por el contrario, se siguió contrayendo y, hoy en día, es solo una fracción de lo que era cuando se firmó el acuerdo de 2009. Sin embargo, aún para los parámetros actuales de Venezuela, Ferrominera parece estar mejor que otras industrias pesadas.

Se enfrían las expectativas

Cuatro años después de la inauguración del Puerto de Palúa, la mayoría de los grandes proyectos mineros financiados con las inversiones extranjeras previstas por el Gobierno no se han materializado. El lucrativo negocio del oro y de la explotación mineral en el sur de Venezuela lo controlan (y disputan) pandillas armadas locales, grupos paramilitares armados y poderosas facciones dentro del Ejército. La violencia se desató en la región, y se ha cuestionado el control del Gobierno sobre el territorio. Además, en 2019, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a la empresa minera estatal venezolana, Minerven, por apoyar al gobierno de Maduro.

Recientemente, una guía para inversionistas publicada por la embajada de China sobre Venezuela advertía a las empresas chinas sobre los muchos riesgos del sector minero venezolano: sanciones, inestabilidad política y tribulaciones financieras. En contraste con el optimismo inicial que expresaban en años anteriores, últimamente, los medios chinos también se actualizaron sobre los inconvenientes de Venezuela, incluso sobre los cuestionamientos a la legitimidad de Maduro.

Sin embargo, Maduro no ha reconocido esta realidad. Ante una prolongada crisis económica y financiera, su gobierno sigue promoviendo la minería como una oportunidad de inversión, una oportunidad que ya fue exitosa, en China.


Este artículo es parte de una investigación de Civic Media Observatory sobre las narrativas divergentes en cuanto a la «Iniciativa de la Franja y la Ruta» de China, y que explora las diversas percepciones de las sociedades y las comunidades sobre los potenciales beneficios y perjuicios del desarrollo liderado por China. Entra aquí para saber más sobre este proyecto y su metodología.