Ley Orgánica del uso responsable de las redes sociales: Expresión bajo acecho

El 25 de
febrero recién pasado fue presentado a la Asamblea Nacional de Ecuador un proyecto de
“Ley Orgánica del uso responsable de las redes sociales”
, que
contempla obligaciones para los usuarios y las plataformas de internet en
relación con ciertos contenidos considerados nocivos y sanciones penales por el
uso no autorizado de información personal. Coincidentemente, un año antes una iniciativa de
similar naturaleza fue presentada en Honduras
y hace sólo 1
semana la Corte Constitucional Colombiana sostuvo una Audiencia
Pública centrada en “el ejercicio de la Libertad de expresión en espacios
digitales”
, para examinar la problemática.

Todas estas
iniciativas comparten una preocupación atendible por la proliferación de
expresiones consideradas inadecuadas o nocivas en la red. Las redes sociales se
han convertido en el nuevo espacio público, pero con la particularidad de allí el
discurso ha dejado de ser efímero como lo era en la plaza pública. La escala de
diseminación de la información en internet no se compara a la de ningún otro
medio, pues democratiza el costo de emitir opiniones. El problema es el
“ruido”, cuando existe mucha información disponible, pero no es posible
discriminar respecto de su veracidad, calidad o relevancia. Es así que surge
ese llamado a que “alguien” arbitre los contenidos.

En el caso
del proyecto ecuatoriano –y más allá de la deficiente técnica legislativa–  la propuesta busca un ropaje de legitimidad a
través de un llamado al “uso responsable” del medio representado por las
plataformas digitales. Hasta ahí, el título pareciera razonablemente bien
orientado al hacer un llamado a una postura activa de parte de los usuarios.

Lamentablemente,
el articulado de la propuesta no satisface su promesa. Ya los artículos 2 y 5
avanzan en determinar como ámbito de aplicación y de responsabilidad la acción
de las personas naturales y jurídicas en cuanto “compartan y divulguen”
información en redes sociales. Tamaña ambigüedad en la definición de la
aplicabilidad de la ley propuesta no puede sino a conducir a la autocensura
preventiva de las plataformas, restringiendo de forma significativa la
expresión de los usuarios en miras de limitar su responsabilidad corporativa.

Las políticas
de uso y moderación de contenido no tiene necesariamente sensibilidad
suficiente con los contextos locales, dada la naturaleza global de las
plataformas. El motor principal del diseño de reglas de moderación de contenido
es mantener su atractivo para los usuarios, con el fin de preservar la
habilidad de la  plataforma de lucrar. No
necesariamente hasta ahora esa moderación de contenido se realiza atendiendo a
los estándares internacionales de derechos humanos, aun cuando recientes
iniciativas muestran alguna preocupación de las plataformas por hacer la toma
de tales decisiones más consistente y al menos apegadas a exigencias de debido
proceso. La imposición de sanciones por incumplimiento de las plataformas del
rol censor del discurso que se anuncia en el artículo 10 nº 3 del proyecto
parece problemática por estas razones. La ambigüedad de la prohibición
contemplada en el artículo 4, sumada a la ambigüedad de las plataformas en su
acción, no tiene sino potencialidad de desembocar en un efecto restrictivo de
la expresión en ellas.

Por otra
parte, el carácter punitivo del Proyecto queda claramente establecido en sus
artículos 6, 7 y 8,  lo que resulta
incompatible con el estándar tripartito
de limitación de la libertad de expresión establecido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
. La
penalización de la divulgación de datos personales que considera la iniciativa resulta
problemática desde el ángulo de la libertad de expresión: las redes digitales
son crecientemente el espacio en el cual se plasma la crítica al poder, la
organización social y económica en una región como América Latina, en la cual
la concentración de medios y la vinculación de estos con los poderes dominantes
establecidos hace difícil el flujo libre e independiente de la expresión por
canales tradicionales. Ecuador no es una excepción en este sentido.

Si bien es
preciso reconocer que tanto la libertad de expresión y el derecho a la
privacidad son condiciones para una sociedad democrática, resulta inapropiado
que la temática de protección de datos personales se aborde con ocasión de la
regulación de la expresión en redes sociales. Ecuador tiene una tarea pendiente
y urgente en desarrollar un estatuto integral de protección de datos
personales, pero tales normas no deben ser estructuradas en forma que conduzcan
a inhibir o restringir la posibilidad de investigación y difusión de
información de interés público.

Por último, la
protección a la reputación en casos en los cuales se atraviese el límite de
afectación a la honra se encuentra reconocida por el artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, pero por regla general esta debe
estar garantizada solo a través de sanciones civiles, ya que las sanciones
penales resultan desproporcionadas y atentan contra la libertad de expresión,
como ha sido señalado consistentemente por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

La Ley
Orgánica del uso responsable de las redes sociales propuesta en Ecuador nos
recuerda una vez más la sabiduría popular: no vaya a ser que el remedio resulte
más grave que el mal que busca curar, y los cuidados del médico terminen
matando al paciente.

Tratto da derechosdigitales.org