Comisión de la Verdad y Reconciliación
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia Interna, vivida en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Fue creada en Diciembre de 2000 por el entonces presidente Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), prfundizó en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra civiles que se vivió durante la lucha contra estos grupos. Para ello, recogió el testimonio de 16985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El informe final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo.
Tabla de contenidos
|
[editar] Integrantes
- Dr. Salomón Lerner Febres - Presidente de la CVR. Doctor en Filosofía y ex-rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Dr. Beatriz Alva Hart - Abogada y ex-congresista de la república.
- Dr. Rolando Ames Cobaián - Sociólogo, investigador y analísta político.
- Monseñor José Antúnez de Mayolo - Sacerdote salesiano, ex administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho.
- Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani - Experto en temas de seguridad nacional.
- Dr. Enrique Bernales Ballesteros - Doctor en Derecho, constitucionalista, Director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.
- Dr. Carlos Iván Degregori Caso - Antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios Peruanos.
- Padre Gastón Garatea Yori - Sacerdote de los Sagrados Corazones y Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
- Pastor Humberto Lay Sun - Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP.
- Sra. Sofía Macher Batanero - Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
- Ing. Alberto Morote Sánchez - Ex Rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
- Ing. Carlos Tapia García - Investigador y analista político.
- Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi en calidad de observador - Obispo de Chimbote y ex Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
[editar] El informe
El informe final se presentó el 28 de agosto del 2003 en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno. Este consta de nueve tomos donde se detallan los hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe. Consta de tres partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las víctimas. La segunda, que relata los factores que permitieron que se desarrolló el conflicto. Y la tercera que explica las secuelas del conflicto y se postulan las recomendaciones para que estos eventos no se repitan.
[editar] La tragedia
[editar] La magnitud y extensión del conflicto
El conflicto armado producido entre 1980 y el 2000 es el conflicto de mayor duración, impacto y el de mayor costo, tanto humano como económico, en la historia del Perú. El costo estimado en vidas humanas es aproximadamente 69,000 personas, entre muertos y desaparecidos. La causa del conflicto fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. Esta guerra se produjo en el momento en que la sociedad peruana iniciaba una transición democrática, luego de doce años de una dictadura militar, que era respaldada por la mayoría de la población y los principales partidos políticos.
El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Su estrategia de combate implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror. El Estado peruano, no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión y los gobiernos civiles dejaron que el conflicto se militarice al dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas. La CVR concluyó que la lucha contrasubversiva se realizó sin tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de los derechos fundamentales de la población civil. Incluso, las autoridades desatendieron las denuncias de violación de los Derechos Humanos y se llegó a facilitar la impunidad de los responsables. Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Otro factor a considerar es la aparición del fenómeno del narcotráfico durante el mismo periodo. La magnitud de éste y la respuesta de las Fuerzas Armadas provocó que la zona del Alto Huallaga fuese uno de los mayores escenarios del conflicto interno.
La distribución geográfica del conflicto, el cual se concentró en las zonas más pobres del Perú, provocó una sensación de exclusión e indiferencia. Las principales ciudades, en especial las de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto. Fueron las zonas rurales y las más pobres las que tienen el mayor costo en vidas humanas. Esto no significa que la pobreza sea la causa del conflicto sino que son los sectores más pobres los más vulnerables a la violencia armada.
La violencia tampoco se distribuyó equitativamente a lo largo de los años. Existen dos picos que marcan diferentes etapas del conflicto armado. El primero, 1984 corresponde con el momento de mayor intensidad y de mayor número de muertos. Éste representa el inicio del conflicto y se centra esencialmente en el departamento de Ayacucho. El segundo, 1989, corresponde con un recrudecimiento de la violencia, luego de un periodo entre 1986 y 1987 de mediana calma, a partir del cual se mantiene una violencia casi constante hasta 1992, año de la captura de Abimael Guzmán. Durante esta fase, a pesar de que la violencia no llegó a los mismos niveles de 1984, si se expandió a la mayor parte del país.
[editar] Las organizaciones subversivas
[editar] Sendero Luminoso
La organización subversiva y terrorista autodenominada Patido Comunista del Perú fue el principal causante de la violencia durante el periodo de 1980 y 2000. Fue responsable del 54% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Se estima que la cifra total asciende a 31,331 personas.
Sendero Luminoso surgió como una facción de la tradición marxista lenninista en el Perú.
[editar] El Movimiento Revolucionario Tupac Amuru
[editar] Las Fuerzas del Estado
[editar] Los gobiernos
[editar] Gobierno de Fernando Belaunde Terry
[editar] Gobierno de Alan García Perez
[editar] Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori
[editar] Los factores que permitieron el desarrollo del Conflicto
[editar] Consecuencias del Conflicto y Recomendaciones de la CVR
Se concluyó que durante los años de guerra murieron 70 mil personas, de las cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de las fuerzas armadas. Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori tenían responsabilidad en la represión.
[editar] Críticas
- Existe una controversia en torno a la cifra de muertos y desaparecidos presentada en el Informe de la CVR. Sus detractores dicen que es una cifra sobredimensionada y que la cifra real debe ser aproximadamente 30,000 personas. La cifra de muertos y desaparecidos reportados a la CVR es de 23,969 personas. Mediante una técnica estadística llamada Estimación de multiples sistemas la cifra total estimada es de 69,280 personas, lo cual en un intervalo de confianza de 95% da un rango entre 61,07 y 77,552 muertos y desaparecidos.
- Algunas personas critican a los miembros de la CVR acusándolos de ser antiguos simpatizantes de la izquierda, lo que para ellos implicaría que si informa ha sido sesgado y muy benevolente con las organizaciones terroristas.
[editar] Su repercusión en la actualidad
En el transcurso de las elecciones presidenciales, el candidato Ollanta Humala ha anunciado que seguirá las recomendaciones de la Comisión (a pesar de existir sospechas de su implicación en violaciones a los derechos humanos), mientras que Alan García ha mostrado una actitud menos receptiva, incluyendo como candidato a la vicepresidencia al vicealmirante Luis Giampetri, implicado en la matanza de las prisiones en 1986, de la que también es acusado el propio García por dar la orden de ataque contra presos amotinados.
La elección como presidente de Alan García, muchas veces acusado con respecto a violaciones a los derechos humanos durante su gobierno de 1985 a 1990 ha puesto en tela de juicio la aplicación de las recomendaciones de la comisión; dado que existe la posibilidad que en su nuevo gobierno se dé una amnistía general hacia los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.
[editar] Bibliografía
- Hatun Willakuy:Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. IBSN 9972-9816-4-9
