Corrupción urbanística en España

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Durante la VIII Legislatura de España, saldrían a la luz multitud de casos de presunta corrupción urbanística, a partir de la Operación Malaya. Los acusados pertenecen a todos los partidos políticos y a toda la geografía peninsular, pero especialmente a las costas del Mediterráneo.

[editar] Causas

Algunos analistas han señalado que el problema que subyace es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central. Esta descentralización, que en principio estaba bien planteada en cuanto a que sería más eficaz por la cercanía a los ciudadanos, sin embargo no se ha organizado correctamente en cuanto a la financiación. Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no.

La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal: esa es la conocida corrupción urbanística.

[editar] Algunos ejemplos

Andalucía

Almuñécar (Granada): Juan Carlos Benavides, del PA, tiene varias causas judiciales abiertas.
Benalmádena (Málaga):
Carboneras (Almería): Construcción de un hotel en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Manilva (Málaga):
Marbella (Málaga): Operación Malaya.
Mazagón (Huelva):
Níjar (Almería):
El Puerto de Santa María (Cádiz).
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): Agustín Cuevas, ex alcalde del PSOE ha sido condenado a dos años de prisión, diez de inhabilitación y una multa de 360.000 euros.
Tolox (Málaga)

Castilla-La Mancha

Seseña: El 14 de julio del 2006, IU presentó una denuncia contra la Junta de Castilla-La Mancha por trato de favor hacia el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero (20 minutos).

Comunidad Valenciana