Ley Orgánica General del Sistema Educativo (España)
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La LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre) fue una ley educativa española, promulgada por el gobierno socialista y sustituyó a la Ley General de Educación de 1970.
Su principal novedad fue la instauración de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y la reestructuración de la Enseñanza Secundaria. La LOGSE supuso la puesta en marcha de un sistema educativo basado en los principios de la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, e inició una gestión democrática de los centros. La ley fue la primera que estableció un sistema descentralizado de enseñanza en España al permitir que las comunidades autónomas no sólo gestionasen los centros educativos, sino que pudieran redactar un porcentaje muy importante de los contenidos curriculares. Entre las novedades de la ley cabe señalar la definitiva incorporación de las enseñanzas artísticas en el sistema general.
Sin embargo, a pesar de su interés en crear un sistema educativo abierto al futuro, fue incapaz de responder a los cambios sociales que se produjeron en la España de los años noventa. El papel de la educación en el final de siglo había cambiado mucho desde que se desarrollaron los principios pedagógicos que inspiraron la ley. El cambio tecnológico y los desequilibrios de la economía española supusieron un desafío que la ley no pudo afrontar por varias carencias, en especial la de una ley de financiación que la acompañara en su desarrollo.
Por otra parte la ley quiso que la enseñanza religiosa tuviera el espacio en el sistema educativo que la Constitución le reservaba. Esta Ley prevé la existencia de centros de educación públicos, centros de educación privados y centros de educación privados concertados.
Los centros de educación privados concertado son centros creados por iniciativa de la sociedad civil pero sostenidos con fondos públicos. Estos centros, por una parte, dan respuesta a la imposibilidad del sistema público de enseñanza de atender a la demanda escolar existente y, por otra, responden a la exigencia constitucional (artículo 27.1 de la Constitución Española) de libertad de enseñanza, es decir, de la libertad de los padres de familia de elegir el tipo de escuela a la que quieren que asistan sus hijos, para la cual es imprescindible superar los obstáculos económicos para una elección libre.
La ayuda con fondos públicos a centros educativos no estatales aparece en más países de la Unión Europa, con distintas denominaciones, si bien en una dimensión mucho menor. Un ejemplo cercano se encuentra en las denominadas scuole paritarie italianas.
En todo caso, la enseñanza concertada tiene un papel claramente subsidiario en el sistema educativo.
