Expulsión de los moriscos
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El 9 de abril de 1609, Felipe III de España decretó la expulsión de los moriscos, descendientes de la población de religión musulmana convertida al cristianismo por la pragmática de los Reyes Católicos del 14 de febrero de 1502.
[editar] Causas y antedecentes
La decisión de expulsar a los moriscos vino determinada por varias causas:
- La mayoría de la población morisca, tras más de un siglo de su conversión oficial al cristianismo, continuaba como una clase aparte con su lengua, religión y un modo de vida dirigido por los mandatos del Islam, resistentes a los intentos hispanizantes y cristianizantes hacia dicha minoría.
- Tras la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), fue tomando cada vez mayor peso la opinión de que este minoría religiosa constituía un verdadero problema de seguridad nacional. Esta opinión se veía reforzada por las numerosas incursiones de piratas berberiscos, que en ocasiones eran facilitadas o festejadas por la población morisca y que asolaban continuamente toda la costa levantina. Los moriscos empezaron a ser considerados una quinta columna, y unos potenciales aliados de turcos y franceses.
- El comienzo de una etapa de recesión en 1604 derivada de una disminución en la llegada de recursos de América. La disminución de los estándares de vida llevó a la población cristiana a mirar con resentimiento a la morisca.
- Una radicalización en el pensamiento de muchos gobernantes tras el fracaso por acabar con el protestantismo en los Países Bajos.
- El intento de acabar con el pensamiento crítico que hacía tiempo corría por Europa sobre la discutible cristiandad de España por la permanencia de algunas minorías religiosas. Con esta decisión se acababa con el proceso homogeneizador que había comenzado con la expulsión de los judíos y ratificar la cristiandad de los reinos de España. Aunque esta no era la opinión popular que sólo la veía con cierto resentimiento por competencia de recursos y trabajo.
La opinión pública acerca de los moriscos se encontraba muy dividida entre los que consideraban que se debía dar tiempo a su cristianización, los que consideraban que se debía seguir tolerando y los que proponían expulsarlos.
La población morisca consistía en unas 325.000 personas en un país de unos ocho millones y medio de habitantes. Estaban concentrados en los reinos de Aragón en el que constituían un 20% de la población, y de Valencia, donde constituían un 33% del total de habitantes. A esto hay que añadir que el crecimiento de la población morisca era bastante superior al de la cristiana. Las tierras ricas y los centros urbanos de esos reinos eran mayormente cristianos, mientras que los moriscos ocupaban la mayor parte de las tierras pobres y se concentraban en los suburbios de las ciudades.
En Castilla la situación era muy distinta, de una población de 6 millones de personas, entre moriscos y mudéjares solo juntaban unos 100.000 habitantes. Debido a este mucho menor porcentaje de población y a la positiva experiencia con los antiguos mudéjares, los cuales llevaban siglos conviviendo con la población cristiana, el resentimiento hacia los moriscos en la corona de Castilla era menor al de la población cristiana de la corona de Aragón.
Un gran número de eclesiásticos apoyaban la opción de dar tiempo, una opción en parte apoyada por Roma, pues consideraban que una total conversión requería de un prolongada asimilación en las creencias y sociedad cristianas. La nobleza aragonesa y valenciana era partidaria de dejar las cosas como estaban, pues éstos eran los grupos que más se beneficiaban de la mano de obra morisca en sus tierras. El campesinado sin embargo los veía con resentimiento y los consideraba rivales.
Entre los defensores de la expulsión se cuenta a Jaime Bleda, inquisidor de Valencia, donde la población morisca era la más numerosa, propuso la expulsión de los moriscos al rey. En un principio la idea no fue considerada por el gobierno, pero la misma fue propuesta de nuevo por el arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, que apoyaba la expulsión al considerarlos herejes y traidores, a lo que el arzobispo añadió una característica que hizo la proposición bastante atractiva: el rey se podría beneficiar de la confiscación de bienes y propiedades de la población morisca e incluso esclavizarlos.
La política acerca de la población morisca hasta 1608 había sido la de conversión, aunque con anterioridad Carlos I (en 1526) y Felipe II (en 1582) hubiesen insinuado y pretendido una medida más radical. Sin embargo, fue a partir de 1608 cuando el Consejo de Estado comenzó a considerar la opción de la expulsión y en 1609 recomendó tomar dicha medida al rey.
[editar] Desarrollo de la expulsión
El 9 de abril de 1609 se toma la decisión de expulsar a los moriscos. Pero el proceso podía suponer problemas debido a la importancia en factores de población de dichos habitantes. Se decidió comenzar por Valencia donde la población morisca era mayor y los preparativos fueron llevados en el más estricto secreto. Desde comienzos de septiembre, tercios llegados de Italia tomaron posiciones en el norte y sur del reino de Valencia y el 22 de ese mes el virrey ordenó la publicación del decreto. La aristocracia valenciana se reunió con representantes del gobierno para protestar por la expulsión pues ésta supondría una disminución de sus ingresos, pero la oposición al decreto fue disminuida ante la oferta de quedarse con parte de la propiedad territorial de los moriscos. A la población morisca se le permitió llevarse todo aquello que pudiesen, pero sus casas y terrenos pasarían a manos de sus señores, con pena de muerte en caso de quema o destrucción antes de la transferencia.
A partir del 30 se septiembre fueron llevados a los puertos donde como ofensa última fueron obligados a pagar el pasaje. Los primeros moriscos fueron llevados al norte de África donde en ocasiones fueron atacados por la población de los países receptores. Esto llevó a temores de la población morisca restante en Valencia y el 20 de octubre se produjo una rebelión morisca contra la expulsión, los rebeldes fueron reducidos en noviembre y se terminó con la expulsión de los últimos moriscos valencianos. A principios de 1610 se realizó la expulsión de los moriscos aragoneses y en septiembre la de los moriscos catalanes.
La expulsión de los moriscos de Castilla era una tarea más ardua pues estaban mucho más dispersos tras haber sido repartidos en 1571 por el reino tras la rebelión de las Alpujarras. Debido a esto, a la población morisca se le dio una primera opción de salida voluntaria del país donde podían llevarse sus posesiones más valiosas y todo aquello que pudieran vender. Así en Castilla la expulsión duró tres años (de 1611 a 1614) e incluso algunos consiguieron evadir la expulsión y permanecieron en España.
[editar] Consecuencias
El Consejo de Castilla evaluó la expulsión en 1619 y concluyó que no había tenido efectos económicos para el país. Esto es cierto para el reino de Castilla, ya que algunos estudiosos del fenómeno no han encontrado consecuencias económicas en los sectores donde la población morisca era más importante; de hecho, el quebranto demográfico no podía compararse, ni de lejos, al medio millón de víctimas de la gran peste de 1598-1602, cinco veces más que el número de moriscos expulsados en dicho reino. Sin embargo, en el Reino de Valencia supuso un abandono de los campos y un vacío en ciertos sectores al no poder la población cristiana ocupar el gran espacio dejado por la numerosa población morisca. En efecto, hay que pensar que algunas comarcas del norte de Alicante perdieron a prácticamente toda su población.
La expulsión de un 4% de la población puede parecer de poca importancia, pero hay que considerar que la población morisca era una parte importante de la masa trabajadora pues no constituían nobles, hidalgos, soldados ni sacerdotes. Por tanto, esto supuso una merma en la recaudación de impuestos y para las zonas más afectadas (Valencia y Aragón) tuvo unos efectos despobladores que duró décadas y un vacío importante en el artesanado, producción de telas, comercio y trabajadores del campo. Muchos campesinos cristianos además veían como las tierras dejadas por la población morisca pasaban a manos de la nobleza, la cual pretendía que el campesinado explotase a cambio de unos alquileres y condiciones abusivas para recuperar sus “pérdidas” a corto plazo.
