Régimen electoral de Uruguay
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El régimen electoral de Uruguay rige desde la aprobación de la Constitución de 1997, introduciendo una verdadera reforma del sistema electoral, previsto por la Constitución de 1967.
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[editar] Introducción
A grandes rasgos, lo que esta Constitución propone es lo siguiente:
- la candidatura única a la presidencia;
- la reducción de candidatos para la Intendencia Municipal;
- la eliminación de diferencias entre lemas permanentes y accidentales;
- la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y las departamentales; y
- las elecciones internas abiertas y simultáneas de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
El sistema electoral uruguayo en la actualidad, podemos resumirlo en lo siguiente. Se aplica el sistema mayoritario puro y simple para la elección de los Intendentes Municipales.
En segundo término, se aplica el sistema mayoritario de dos vueltas, o “ballottage”, para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República.
En tercer lugar, se aplica el sistema de representación de minoría para los cargos de las Juntas Departamentales. Por último, se aplica el sistema de representación proporcional para la elección de los Senadores y los Representantes Nacionales.
[editar] Eliminación del "doble voto simultáneo"
El "doble voto simultáneo" (véase Ley de lemas), cuyo fundamento fue permitir una mayor libertad de elección, al posibilitar que el ciudadano sufragara en primera instancia por el partido (voto al lema), y en segundo término por aquella lista de candidatos que, dentro del lema, mejor interpretara a su criterio, los programas e ideas partidarias, fue derivando en los hechos por la suma de los factores apuntados precedentemente, en un elemento de falseamiento de la voluntad popular.
Esto es que aquel fundamento teórico del “doble voto simultáneo”, fue perdiendo vigencia práctica, desde el momento en que no se dieron las condiciones que configuran la existencia real de partidos políticos: ausencia de ideas y programas comunes, democracia interna, autoridades comunes, coherencia fundacional, etc.
En tales circunstancias, también el elector, cuando ejercía su ciudadanía, prescindía totalmente del papel teóricamente primario de su voto, para sufragar al menos espiritualmente directamente por una determinada lista de candidatos.
El ciudadano se cuestionaba seriamente la eventualidad de que su voto, emitido conscientemente para determinada lista de candidatos, llevase finalmente al triunfo de otro, con el que muchas veces no se sentía en absoluto identificado. Se consumaba entonces el falseamiento de su voluntad.
Este régimen provenía de las antiguas leyes de lemas (1934 y 1939).
[editar] Eliminación de la distinción entre lemas permanentes y accidentales
Una segunda modificación de enorme importancia, es la que se refiere a la eliminación de la distinción entre lemas permanentes y lemas accidentales.
La acumulación por lemas en el régimen electoral uruguayo tiene su origen en la Ley de 1910, pero que posteriormente la Constitución de 1952 consagró lo que muchos autores denominan una odiosa distinción entre lemas permanentes y accidentales, en su artículo 79 que luego se reiteró en la Constitución de 1967: "La acumulación de votos para cualquier cargo electivo, sólo puede hacerse en función de lemas permanentes. Un lema para ser considerado permanente, debe haber participado en el comicio nacional anterior, obteniendo representación parlamentaria".
Los partidos políticos accidentales o aquellos partidos políticos con enorme tradición que no hubieran obtenido representación parlamentaria (ejemplo: la Unión Cívica o el Partido Demócrata Cristiano), no podían acumular votos, porque no eran lemas permanentes.
En el Capítulo III, art. 79, se determina que la acumulación de votos para cualquier cargo electivo, con excepción de los del Presidente y Vicepresidente de la República, se hará mediante la utilización del lema del partido político, eliminándose así, la calificación de lema permanente.
[editar] Eliminación de la acumulación por sublemas
Otra reforma de importancia que contiene la Ley Constitucional del 14 de enero de 1997, es la eliminación de la acumulación por sublemas e identidad de representantes nacionales. Según la Constitución de 1997: “no podrá efectuarse acumulación por sublemas, ni por identidad de listas de candidatos.”
Este es uno de los vicios del anterior sistema electoral, por cuanto el ciudadano votaba por un candidato y no sabía que, a la vez, estaba votando por otro, en función de las llamadas: “cooperativas electorales”.
De tal manera que se dieron ejemplos de elecciones en Uruguay de candidatos a Diputados que obtuvieron la mayoría de los votos en un departamento y que, sin embargo, fueron derrotados por otro que obtuvo menos votos, pero que, en función de las cooperativas electorales, sumaba a los suyos, los votos de otros candidatos. Ello suponía una verdadera estafa al ciudadano.
[editar] Reducción de la edad de los Ediles
Se reduce la edad para ser miembro de la Junta Departamental de los 23 años a 18 años cumplidos de edad.
[editar] El sufragio y sus garantías
Lo primero que expresa la Constitución de Uruguay al referirse al sufragio es que es obligatorio, así como la inscripción Cívica (art. 77). Se trata de acuerdo con la noción moderna, no solamente de un derecho del ciudadano sino, además, de un deber, que adquiere particular importancia en un régimen democrático en el cual la participación de todos en el gobierno, aunque sea el momento de la elección, es imprescindible.
La obligatoriedad del sufragio, igual que la de la inscripción cívica, todavía aquella más que ésta, encuentra dificultades en la aplicación práctica, siendo difícil sancionar a quienes no cumplen con estos deberes. Luego de varios proyectos se aprobó una ley estableciendo sanciones para quien no vote (prohibiciones de hacer trámites, cobros, obtener empleos públicos y otros similares). Esta ley se aplicó efectivamente a partir del año 1971, exigiéndose, por un prolongado lapso posterior a las elecciones nacionales de ese año, para la realización de cualquier trámite ante una dependencia pública, la constancia de haber votado.
Para apoyar esta medida, el 13 de abril de 1989 se reglamentó todo lo concerniente a la obligatoriedad del voto, estableciendo el sistema de estampar un sello en la Credencial en el acto de emitir el voto. El ciudadano que no exhiba la Credencial con dicho sello no podrá otorgar escrituras públicas, ni cobrar sueldos, ni jubilaciones, ni pensiones, ni percibir sumas de dinero que el Estado le adeude por cualquier concepto, ni ingresar a la Administración Pública, ni inscribirse, ni rendir exámenes en la enseñanza pública, ni obtener pasajes para el exterior en ninguna empresa o compañía de transporte.
Quien no haya podido ejercer el voto por causas fundadas deberá acreditarlo dentro de los 30 días siguientes al acto eleccionario, ante la Junta Electoral; se consideran causas fundadas las siguientes: padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impidan, el día de la elección, concurrir a votar por razones de fuerza mayor; o hallarse comprendido en una de las causales de suspensión de la ciudadanía establecidas en el art. 80 de la Constitución.
El ciudadano que, sin causa justificada, no cumpliera con la obligación de votar, incurrirá en una multa de una unidad reajustable la primera vez, y tres unidades por cada una de las siguientes. Las multas se duplicarán cuando los ciudadanos omisos sean profesionales o funcionarios públicos.
La Constitución expresa también que el sufragio es secreto. Se trata de la solución de un problema discutido en la doctrina.
Desde el punto de vista teórico, el voto público parece mejor, pues no existe razón para que el ciudadano tenga que ocultar por quien sufraga. Pero en la práctica tratándose de la elección de ciudadanos, se ha hecho necesario implantar el voto secreto como una de las máximas garantías a la libertad del sufragio.
Mientras éste no se estableció, predominaban las presiones que ejercían sobre los votantes quienes tenían una relación de superioridad por alguna razón, los jefes sobre sus empleados, los patrones sobre sus obreros, etc.
Además del secreto, el sufragio en el régimen uruguayo es universal, habiéndose eliminado todas las posibles restricciones al ejercicio de este derecho ciudadano.
Otra de las garantías que se establecen para el sufragio, que tiene que ver con la libre reflexión del elector, es la llamada veda propagandística.
La Ley Nº: 16.019 de abril de 1989 dispuso que los actos de propaganda proselitista en la vía pública, o en locales abiertos al público o en medios de difusión, deberán cesar cuarenta y ocho horas antes del día de la elección, plebiscito o referéndum.
También impide dicha ley durante los dos días anteriores difundir encuestas o consultas o cualquier tipo de manifestación o exhortación dirigida a influir en la decisión.
[editar] Partidos Políticos
La única manera de que funcione el régimen representativo es a través de los partidos políticos, pues de esta manera, el elector vota, más que por un candidato, por un partido y por su programa de ideas, el cual luego debe ser desarrollado por el elegido.
[editar] Elecciones Internas
Lo primero que se elige por parte de los partidos políticos en las elecciones internas del mes de abril del año en que se realizan las elecciones nacionales son las autoridades del partido. Al respecto en el artículo 77, numeral 12 se señala: “Los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones internas que reglamentará la Ley sancionada por el voto de dos tercios del total de componentes de cada Cámara. Por idéntica mayoría determinará la forma de elegir el candidato de cada partido a la Vicepresidencia de la República y, mientras dicha Ley no se dicte, se estará a lo que este respecto resuelvan los órganos partidarios competentes. Esta Ley determinará además, la forma en que se suplirán las vacantes de candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia que se produzcan luego de su elección y antes de la elección nacional.”
De allí surgirán, por ejemplo, los comités ejecutivos nacionales, los directorios o las mesas políticas, según sea la denominación adoptada por cada partido.
Los órganos deliberativos nacionales elegidos en la elecciones internas de los partidos políticos se transforman en Colegio Elector nacional cuando ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República obtiene la mayoría absoluta de los votos de su partido o cuando ninguno de ellos superó el 40% de los votos, ni superó en más del 10% los votos de quien resultó segundo.
Estas elecciones son secretas y no obligatorias, según disposición transitoria constitucional, Letra W.
Las elecciones internas son simultáneas para todos los partidos políticos. El partido que no participe en las elecciones internas, queda inhabilitado para presentarse en las elecciones generales.
Todo votante emite su voto a través de una única hoja de votación, perteneciente a un partido político. En otras palabras, sólo puede participar en las elecciones internas de un solo partido.
Con respecto a los partidos políticos, la Constitución además, establece lo siguiente en el artículo 77, numeral 11):
“El Estado velará por asegurar a los Partidos políticos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los Partidos deberán:
- ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades;
- dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente”.
[editar] Elecciones Nacionales
[editar] La elección
La elección de los miembros de ambas Cámaras, del Poder Legislativo y del Presidente y Vicepresidente de la República, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral a excepción de los referidos en el inciso 3º de este numeral (Intendentes, miembros de las Juntas Locales y demás autoridades locales electivas), se realizará el último domingo del mes de octubre cada cinco años.
Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para el Presidente y Vicepresidente de la República, deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político (art. 77, numeral 9º).
[editar] Poder Legislativo
El Poder Legislativo, será ejercido por la Asamblea General (art. 83). Esta se compondrá de dos Cámaras; una de Representantes y otra de Senadores, las que actuarán separada o conjuntamente, según las distintas disposiciones de la Constitución (art. 84).
[editar] Cámara de Representantes
Según la Constitución uruguaya la Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país. No podrá efectuarse acumulación por sublemas, ni por identidad de listas de candidatos. Corresponderá a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos.
[editar] Cámara de Senadores
La Cámara de Senadores se compondrá de treinta miembros, elegidos directamente por el pueblo, en una sola circunscripción electoral. Será integrada, además por el Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la de la Asamblea General (art. 94).
[editar] Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros.
[editar] Elección del Presidente y Vicepresidente de la República
Para dicha elección la Constitución establece: “El Presidente y Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, por mayoría absoluta de votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República.
Si ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría absoluta (50% más uno de los votos), se celebrará el último domingo del mes de noviembre del mismo año, una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.
Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en ejercicio, que tengan treinta y cinco años cumplidos de edad.”
Maurice Duverger, destacado profesor francés de Derecho Constitucional, opina lo siguiente sobre el “ballottage”: “En el escrutinio a dos vueltas, para ser elegido, es necesario obtener la mitad de los votos más uno, es decir, la mayoría absoluta; si no, se procede a una segunda vuelta, llamada “ballottage”, para la que basta alcanzar la mayoría relativa. Si hay dos grandes partidos frente a frente, basta una sola vuelta; si hay más de dos partidos, parece indispensable la segunda vuelta, a riesgo si no, de alcanzar una representación desordenada, como Gran Bretaña la experimentó entre 1918 y 1945.
Según el ex Presidente argentino, Raúl Alfonsín: “El ballottage sirve a dos propósitos: en primer lugar, es útil para desempatar preferencias políticas muy parejas, cuando ninguna de ellas alcanza la mayoría absoluta de los votos emitidos. En segundo lugar, permite que la ciudadanía exprese sus preferencias negativas respecto de algún candidato y que se formen amplias coaliciones, asegurando, a un grupo importante de electores, la elección del “segundo mejor”, cuando su candidato pierda en la primera vuelta.
En definitiva, el sistema del “ballottage”, permite que el ciudadano en la primera vuelta vote con el “corazón”, y que en la segunda vuelta vote con la “razón”.
[editar] Ministros de Estado
El Presidente de la República adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo.
El Presidente de la República podrá requerir de la Asamblea General un voto de confianza expreso para el Consejo de Ministros. A tal efecto éste comparecerá ante la Asamblea General, la que se pronunciará sin debate, por el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes y dentro de un plazo no mayor de setenta y dos horas que correrá a partir de la recepción de la comunicación del Presidente de la República por la Asamblea General. Si ésta no se reuniese dentro del plazo estipulado o, reuniéndose, no adoptase decisión, se entenderá que el voto de confianza ha sido otorgado.
Los Ministros cesarán en sus cargos por resolución del Presidente de la República.
[editar] Elecciones Departamentales
La Constitución de 1918 fue la primera que reconoció la autonomía departamental; en ella se consagró la descentralización territorial y por servicios. En ésta no se previó nada en cuanto a la forma de votar los cargos nacionales y los departamentales, salvo en cuanto a la exigencia de que la elección debía hacerse en la misma fecha.
La Constitución uruguaya establece que: "La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales. Las listas de candidatos para los cargos departamentales deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político".
Se quiere eliminar de esta manera la exigencia artificial de la voluntad de los ciudadanos, de modo que puedan elegir libremente el partido y los candidatos de su preferencia, tanto en lo nacional como en lo departamental.
De este modo, se podrá votar por un partido en lo nacional y por otro en lo departamental, si tal es lo que procede del criterio del ciudadano.
[editar] Justicia Electoral
Para garantizar la transparencia y la justicia del acto electoral, la Constitución uruguaya dispone los siguiente.
Habrá una Corte Electoral que tendrá las siguientes facultades, además de las que las que señale la ley:
- Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. *Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los órganos electorales.
- Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y referéndum.
La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General.
En tal caso deberá convocar a una nueva elección - total o parcial – la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha de pronunciamiento de nulidad.
[editar] Plebiscitos
La Constitución uruguaya podrá ser reformada, total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:
Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.
Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice.
Para que el plebiscito sea afirmativo en los dos casos anteriores, se requerirá que vote por "SI" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General. El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades.
Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de una Convención Nacional Constituyente que deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la Convención.
El número de convencionales será doble del de Legisladores. Conjuntamente se elegirán suplentes en número doble al de convencionales. Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades, serán las que rijan para los Representantes.
Su elección por listas departamentales, se regirá por el sistema de la representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la elección de Representantes. La Convención se reunirá dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma.
Las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoría absoluta del número total de convencionales, debiendo terminar sus tareas dentro del año, contado desde la fecha de su instalación.
Al proyecto o proyectos redactados por la Convención serán comunicados al Poder Ejecutivo para su inmediata y profusa publicación.
El proyecto o proyectos redactados por la Convención deberán ser ratificados por el Cuerpo Electoral, convocado al efecto por el Poder Ejecutivo, en la fecha que indicará la Convención Nacional Constituyente.
Los votantes se expresarán por "Sí" o por "No" y si fueran varios los textos de enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos.
A tal efecto, la Convención Constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
En el primer y segundo caso sólo se someterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, los proyectos que hubieran sido presentados con seis meses de anticipación -por lo menos- a la fecha de aquéllas, o con tres meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare la Asamblea General en el primero de dichos casos. Los presentados después de tales términos, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes.
La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura.
Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, exprese su conformidad por mayoría absoluta de los votos emitidos y serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea General.
Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificación de las enmiendas, coincidiera con alguna elección de integrantes de órganos del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales, en documento separado y con independencia de las listas de elección.
Cuando las reformas se refieran a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo fuerza imperativa la decisión plebiscitaria.
[editar] Referendos
[editar] Recursos contra las leyes
El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo.
Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo.
Uno de los casos más conocidos de referendos contra las leyes en Uruguay, se dio respecto a la ley 18.548 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado.
[editar] Recurso contra decretos departamentales
La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.
También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental.
[editar] Bibliografía
- Correa Freitas, Ruben y Vázquez, Cristina (1997), La Reforma Constitucional de 1997, Montevideo..
- Gros Espiell, Héctor (1993), Revista uruguaya de Derecho Constitucional y Político., Montevideo..
- Gross Espiell, Héctor (2003), Evolución constitucional del Uruguay, Montevideo. Editorial Fundación de Cultura Universitaria.
- Korzeniak, José (2000), Curso de Derecho Constitucional, Montevideo. Editorial Fundación de Cultura Universitaria.
- Jonson, Andres (1992), Sistemas Electorales. Estudio comparativo mundial, Ginebra. Unión Interparlamentaria.
