Ministerio Público
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El Ministerio Público (Ministerio Fiscal, Fiscalía General o Procuraduría General) es un organismo público, generalmente estatal, al que le corresponde representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública.
Asimismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del Derecho penal moderno (como el de mínima intervención y de selectividad).
Por su calidad en el procedimiento y su vinculación con los demás intervenientes en el proceso penal, es un sujeto procesal y parte en el mismo, por sustentar una posición opuesta al imputado y ejercer la acción penal (en algunos países en forma monopólica). Sin embargo, es parte formal y no material, por carecer de interés parcial (como un simple particular) y por poseer una parcialidad que encarna a la colectividad (al Estado) y que exige, por tanto, que sea un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes.
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[editar] Naturaleza jurídica
El Ministerio Público, en general, se configura como un órgano sin personalidad ni patrimonio propio (actuando, por tanto, bajo la personalidad jurídica del Estado), lo que no significa que carezca de autonomía e independencia funcional, administrativa y financiera.
En cuanto a su ubicación institucional, el Ministerio Público, puede encontrarse:
- Inserto dentro del poder ejecutivo, en cuyo caso el presidente o jefe de gobierno tiene facultades decisivas en su conducción, interviniendo en el nombramiento y destitución de sus autoridades y demás fiscales (como sucede en el sistema mexicano, francés, alemán y estadounidense).
- Incorporado en el poder judicial, caso en el cual podría quedar supeditado a la función jurisdiccional, pudiendo producirse cierta judicialización y burocratización del ejercicio de sus funciones.
- Inserto en el poder legislativo, pudiendo quedar el ejercicio de su función influida por la contingencia política.
- Independiente de los poderes del estado, entendiéndose como un órgano que no responde ante alguno de los poderes clásicos en calidad de subordinado jerárquicamente (como sucede en el sistema chileno y peruano).
Desde el punto de vista de la teoría de los Poderes del Estado, se considera que el Ministerio Público:
- No desenvuelve actividad preventiva de la violación del orden público, por lo que no realiza actividad de policía administrativa, de lo que se sigue que no pertenece a la función ejecutiva o administrativa;
- No realiza actividad general, del tipo producción normativa, más allá de sus funciones internas para la aplicación del derecho (sin perjuicio de la doctrina de los actos propios), por lo que no es parte de la función legislativa;
- Realiza actividad de aplicación del derecho, del tipo represiva de las infracciones al orden penal, por lo que se sigue que su función es una "especie" que cae dentro de la función judicial, junto a los tribunales que ejercen jurisdicción.
[editar] Principios de actuación
Las actuaciones del Ministerio Público se adecuan a ciertos principios básicos contenidos en la mayoría de las legislaciones, entre los que se encuentran los siguientes:
- Principio de legalidad, que lo rige como a cualquier órgano público y que le impone la necesidad de perseguir todas y cada una de las conductas delictivas.
- Principio de oportunidad, que morigera la aplicación del principio de legalidad, permitiéndole no inicar una persecución penal o abandonar la ya iniciada, bajo ciertos parámetros objetivos.
- Principio de objetividad, consistente en que, en el ejericio de sus facultades, debe adecuarse a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación del derecho. Se le impone así la obligación de investigar con igual celo no sólo los antecedentes que permiten sustentar la persecución o acusación, sino también los antecedentes que permitan apoyar la defensa del imputado o acusado (es decir, el material rosario y la evidencia brady, respectivamente, del sistema estadounidense).
- Principio de responsabilidad, que constituye el equilibrio necesario a las importantes competencias, atribuciones y facultades que detenta. En general, se concibe a sus funcionarios como responsables civil, penal y administrativamente y al órgano como civilmente responsable, por las actuaciones en el ejercicio de sus funciones.
- Principio de indivisibilidad, en el sentido que la institución es única e indivisible, puesto que los fiscales actúan exclusivamente en su nombre. Ello obliga éstos a actuar como un sólo cuerpo, tanto en la actuación material como en las decisiones jurídicas que adopten (por seguridad jurídica).
[editar] Ministerios Públicos
- Ministerio Público Fiscal de Argentina
- Ministerio Público de Bolivia
- Ministerio Público de Brasil
- Ministerio Público de Chile
- Fiscalía General de la Nación de Colombia
- Procuraduría General de la República de Costa Rica
- Procuraduría General de la República de México
- Ministerio Público del Ecuador
- Ministerio Fiscal de España
- Ministerio Público de la Región Administrativa Especial de Macau
- Ministerio Público del Paraguay
- Ministerio Público del Perú
- Ministerio Público de Portugal
- Ministerio Público de Venezuela
[editar] Bibliografía
- Muhm, Raoul y Caselli, Gian Carlo (Hrsg.) (2005), Il ruolo del Pubblico Ministero Esperienze in Europa, Roma: Editore Manziana. ISBN: 88-8247-156 - X.
- Muhm, Raoul: "En busca de la independencia de la magistratura", en Jueces para la Democracia.- (33): 1998.- Madrid
- Muhm, Raoul: "The role of the Public Prosecutor in Germany", en The Irish Jurist.- XXXVIII(New Series): 2003.- The Law Faculty, University College, Dublín
