Primera República Española
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La Primera República Española fue el régimen político que hubo en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 3 de enero de 1874, cuando el General Manuel Pavía entro en el Congreso de los Diputados y dio un golpe de estado que puso fin a la primera republica. Con el pronunciamiento militar del General Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874 dio comienzo la Restauración borbónica en España.
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[editar] Proclamación de la Primera República
Cansado el rey Amadeo I de las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado, como la guerra en Cuba, conocida como la guerra de los diez años, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los monárquicos alfonsinos, que aspiraban a la restauración borbónica en la figura de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, las diversas insurrecciones republicanas y la división entre sus partidarios, renunció al trono de España el día 11 de febrero de 1873.
El Congreso, con inclusión del Senado, estaba reunido en sesión conjunta y permanente, y mientras esperaba alguna comunicación final del Rey se erigió en Asamblea Nacional. La mayoría más que absoluta de parlamentarios monárquicos que la integraban pertenecía a los dos partidos monárquicos y dinásticos que se habían turnado en el gobierno: el partido radical de Ruiz Zorrilla y el partido constitucional de Sagasta.
Junto a esa abrumadora mayoría monárquica se sentaba en la Asamblea Nacional una minoría republicana, muy dividida entre republicanos federales y unitarios. Uno de ellos, el federalista don Francisco Pi y Margall, presentó a la Asamblea la siguiente proposición:
La Asamblea Nacional asume los poderes y declara como forma de gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno.
Pi y Margall, en su defensa de la propuesta -de la que era firmante junto con Figueras, Salmerón y otros diputados-, aunque se reafirmaba como federalista, renunciaba en ese momento a imponer como forma de gobierno la República federal con la esperanza de que fueran las Cortes Constituyentes que debían convocarse quienes la declararan, y anunciaba su acatamiento a otra decisión distinta si así se adoptaba democráticamente. Emilio Castelar subió al estrado y ponunció este discurso:
Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria.
Tras el elocuente discurso de Castelar, entre encendidos aplausos, fue proclamada la República Española con la resignación de los monárquicos, por 258 votos a favor y sólo 32 en contra.
En esta misma sesión, se eligió el primer gobierno de la República, siendo elegido como "Presidente del Poder Ejecutivo" (jefe de Estado y Gobierno), y no "Presidente de la República" pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución que creaba ese cargo, al republicano federal Estanislao Figueras, que en su discurso dijo que la llegada de la República era como el iris de paz y de concordia de todos los españoles de buena voluntad.
[editar] Gobierno de Estanislao Figueras
Este primer gobierno estaba formado por los federales y por los progresistas, que ya habían sido ministros durante la monarquía. ). En este primer gobierno republicano figuraban nada menos que cuatro ex ministros del rey Amadeo.
El 23 de febrero, el recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, el radical Cristino Martos, organiza un intento de golpe de estado, llegando la Guardia Civil a ocupar el Ministerio de Gobernación y la Milicia Nacional el Congreso, para instaurar una república unitaria. Este suceso provocó la primera remodelación del gobierno sustituyendo a los ministros progresistas por ministros republicanos federales.
A los 12 días de proclamarse la República se firma solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y se crea el servicio voluntario. Cada soldado cobraría 1 peseta diaria y 1 chusco. Se crea asimismo una milicia de voluntarios de la República, cobrando 50 pesetas al alistarse y 2 pesetas y 1 chusco diarios.
El segundo gobierno de Figueras tuvo que enfrentarse al intento de proclamación del Estat Català el 9 de marzo dentro de la República Federal Española, que fue superado tras una serie de gestiones telegráficas con los dirigentes catalanes. Poco después, el 23 de abril de ese mismo año se produce un nuevo intento de golpe de estado preparado por alfonsinos, miembros de la Unión Liberal, progresistas de Sagasta y sectores monárquicos del Ejército, pero fracasaron cuando varias unidades comprometidas éste último se abstuvieron a última hora.
Se suele considerar a Pi y Margall como el alma de este gobierno que hubo de enfrentarse a un sinfín de problemas ya endémicos para la Primera República (Tercera Guerra Carlista; sublevaciones separatistas, en este caso de Cataluña; indisciplina militar, conspiración monárquica, etc.); dicho gobierno disolvió la Asamblea, convocando Cortes Constituyentes para el 1 de mayo. El 23 de abril, Cristino Martos, esta vez amparado en el gobernador de Madrid, Estébanez, intentó un nuevo golpe de Estado, también abortado por Pi (a la sazón ministro de Gobernación).
El gobierno de Figueras convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 10 de mayo, que resultaron en 343 escaños para los republicanos federales frente a 31 escaños del resto de fuerzas políticas. Las elecciones se desarrollaron en condiciones muy poco ortodoxas, y su representatividad resultó ridícula incluso para la época, pues no se presentaron a las elecciones ni los monárquicos carlistas, que estaban en guerra desde 1872, ni los monárquicos alfonsinos de Cánovas del Castillo, ni los republicanos unitarios, ni tan siquiera las incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional, que se pronunciaron por la abstención. Fueron posiblemente los comicios con la participación más baja de la Historia de España. En Cataluña sólo votó el 25% del electorado, y en Madrid no mucho más: un 28%.
[editar] La República federal
El 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes y comenzó la presentación de propuestas. El 7 de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:
- "Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal."
El Presidente, haciendo cumplir lo que ordenaba el Reglamento de las Cortes para la aprobación definitiva de las propuestas de ley, dispuso celebrar una votación nominal al día siguiente. El 8 de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 219 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República federal. Al tiempo estallaba el movimiento cantonalista.
Así narraba don Benito Pérez Galdós el clima parlamentario de la Primera República:
Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena.
Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, llegó Estanislao Figueras a gritar en catalán: Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros! Tan harto que el 10 de junio dejó disimuladamente su dimisión en su despacho en la Presidencia (en aquel tiempo en la actualmente desaparecida Casa de los Heros, en la calle Alcalá número 34), se fue a dar un paseo por el parque del Retiro y sin decir una palabra a nadie tomó el primer tren que salió de la estación de Atocha y no se bajó hasta llegar a París.
[editar] Gobierno de Francisco Pi y Margall
Tras la huida a Francia de Figueras, al advertir el vacío de poder ya iba a pronunciarse el general Manuel Sodas cuando un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, se presentó con un piquete en el edifico del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo Presidente. Eligieron el día 11 de junio al también federalista Francisco Pi y Margall, que al presentar a su gobierno ante la Asamblea declaró que no tenía programa y que no sabía qué hacer. El esfuerzo principal del nuevo gobierno, sería la elaboración de una nueva Constitución, así como la aprobación de una serie de leyes de caracter social, como la creación de jurados mixtos de empresarios y trabajadores, una legislación protectora de la infancia y el acceso de los jornaleros a la propiedad de las tierras desamortizadas.
El 16 de junio se eligió una comisión de 25 miembros que debía elaborar la nueva Constitución, presentándose el proyecto de Constitución Federal de la República Española, cuya redacción se atribuye principalmente a Castelar, al día siguiente para su debate.
El 28 de junio, Pi y Margall renovó la composición de su gobierno.
Debido a la lentitud y las constantes demoras durante los debates sobre la nueva Constitución, los acontecimientos se precipitaron con una celeridad asombrosa. El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social, y al día siguiente los diputados federales intransigentes abandonaron las Cortes. Una semana más tarde, en Alcoy el 9 de julio, donde desde el día 7 de julio se desarrollaba una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al amparo de una huelga revolucionaria dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT. Era sólo el comienzo. Poco después, comienza la sublevación cantonalista con huelgas generales en toda España, soldados asesinando a oficiales, alcaldes linchados, y un centenar de muertos.
Los focos federales del país no estallaron en forma de Estados autónomos, sino en una constelación de cantones independientes. Los levantamientos se suceden por diversas localidades del Levante y Andalucía fundamentalmente. Los hubo de ámbito provincial como Valencia y Málaga, otros más localizados, como Alcoy, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras, y los hubo incluso como tan pequeños como el pueblo manchego de Camuñas y el murciano de Jumilla. Éste último proclamó un manifiesto que se haría famoso:
La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del Dos de Mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra.
El más conocido y activo de todos los cantones fue el de Cartagena, llamado Cantón Murciano con gran indignación de la ciudad de Murcia, que estalló el 12 de julio en aquella base militar y naval bajo la inspiración del diputado federal huertano Antonio Gálvez Arce, conocido como Toñete.
La primera hazaña de los cantonales cartageneros fue apoderarse del castillo de San Julián, lo que motivó un curioso telegrama del capitán general del Departamento al ministro de Marina: Castillo San Julián enarbola bandera turca. Esa bandera “turca” era en realidad la bandera roja de la República Federal, la primera bandera roja en la historia de España. Gálvez apasionó a la marinería con su inflamada oratoria y se apoderó de la escuadra surta en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor de la Armada. Con la flota en su poder sembró el terror en la costa mediterránea próxima, y fue declarado pirata y buena presa por decreto del gobierno de Madrid. Ya en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. El Cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió seis meses de guerra e independencia.
Dos fragatas cantonales (la “Almansa” y la “Victoria”) salieron de Cartagena hacia una potencia extranjera, es decir, a Almería, para recaudar fondos, y al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada, tomándola los cantonalistas y cobrándose tributo ellos mismos. El general Contreras, al mando de la flota, se hizo rendir honores, curiosamente al son de la Marcha Real, al desembarcar. A continuación repitieron hazaña en Alicante, y de vuelta a Cartagena fueron apresados como piratas por las fragatas acorazadas Swiftsure y Friedrich Karl, británica y alemana respectivamente
Según don Emilio Castelar:
Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de Guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas sublevándose o tañendo arrebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un Ministerio existente ni una forma de Gobierno a la forma admitida; tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua coronilla de Aragón, como si las fórmulas del Derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa universidad y el eclipse de su predominio científico en Castilla [...] La sublevación vino contra el más federal de todos los Ministerios posibles, y en el momento mismo en que la Asamblea trazaba un proyecto de Constitución, cuyos mayores defectos provenían de la falta de tiempo en la Comisión y de la sobra de impaciencia en el Gobierno.
Más grave incluso era el problema de la Tercera Guerra Carlista, que campaba sus respetos con total libertad en el País Vasco, Navarra y Cataluña, y extendía su acción a toda la península a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella un gobierno propio, con ministerios y todo, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de los franceses les permitía recibir ayuda externa.
Sin tiempo para que la Constitución de la República Federal pudiera ser aprobada en las Cortes, Pi y Margall se vio en situación crítica. Se negaba a reprimir la rebelión de los cantones porque declaraba, con toda lógica, que los sublevados no hacían más que seguir la doctrina que él había proclamado. En vista de lo cual el 18 de julio se vio forzado a dimitir tras 37 días de mandato.
Pi y Margall, describió de esta forma las decepciones que le había dado la política:
Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien...
[editar] Proyecto de Constitución Federal
El proyecto de Constitución Federal de la Primera República Española se desarrollaba a lo largo de 117 artículos organizados en 17 títulos.
En su primer artículo fijaba: "Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas.", y estos estados tendrían "[...] completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación." así como "[...] la facultad de darse una Constitución política [...]" (artículos 92º y 93º).
El proyecto de Constitución preveía en su Título IV, además de los clasicos Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, un cuarto Poder de Relación que sería ejercido por el Presidente de la República.
El Poder Legislativo estaría en manos de las Cortes Federales, que se compondrían de: Congreso y Senado, siendo el Congreso una cámara de representación proporcional con un diputado "por cada 50.000 almas" que se renovaría cada dos años, y el Senado, una cámara de representación territorial siendo elegidos cuatro senadores por las Cortes de cada uno de los Estados.
El Poder Ejecutivo sería ejercido por el Consejo de Ministros, cuyo Presidente sería elegido por el Presidente de la República.
El artículo 40 del proyecto disponía: En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional, de la Federación. El artículo siguiente declaraba que Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables, y el artículo 42 que La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República, constituida por medio del sufragio universal.
El Poder Judicial residiría en el Tribunal Supremo Federal, que se compondría "[...] de tres magistrado por cada Estado de la Federación" (artículo 73º) que nunca serían elegidos por el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Además establecía que todos los tribunales serían colegiados y la institución del Jurado para toda clase de delitos.
El Poder de relación sería ejercido por el Presidente de la República Federal cuyo mandato duraría "[...] cuatro años, no siendo inmediatamente reelegible." como dice el artículo 81º del proyecto.
[editar] Gobierno de Nicolás Salmerón
Tras aceptar la dimisión de Pi y Margall, es elegido Presidente del Poder Ejecutivo Nicolás Salmerón, con 119 votos a favor y 93 votos en contra.
El nuevo presidente, que era un republicano federal moderado, defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los grupos más moderados o conservadores y una lenta transición hacia la república federal. Su oratoria era demoledora. Francisco Silvela decía que Salmerón, en sus discursos, sólo usaba un arma: la artillería. Antonio Maura caracterizaba el tono profesoral de don Nicolás diciendo que siempre parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de Albacete.
Ya durante su etapa como Ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Estanisalo Figueras, promovió la abolición de la pena de muerte, así como la independecia del poder judicial frente al político.
Su nombramiento produjo una intensificación del movimiento cantonalista, para cuyo control tuvo que recurrir a generales abiertamente contrarios a la República Federal, mandando sendas expediciones militares a Andalucía y Valencia, al mando de los generales Pavía y Martínez Campos respectivamente, que uno tras otro fueron sometiendo a los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.
Sus generales le solicitaron el “enterado” del gobierno y su firma para ejecutar varias sentencias de muerte a varios soldados desertores en el frente carlista,, imprescindibles, según ellos, para la recuperación de la disciplina del ejército. Salmerón, hombre de principios liberales muy avanzados, se negó a conceder el “enterado”, y, como figura inscrito en la piedra de su mausoleo: Abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte. De tal modo, dimitió el 6 de septiembre.
[editar] Gobierno de Emilio Castelar
Al día siguiente, el 7 de septiembre, es elegido el unitario Emilio Castelar, catedrático de Historia y destacado orador, por 133 votos a favor frente a los 67 obtenidos por Pi y Margall, para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo.
Durante su anterior etapa, como Ministro de Estado en el gobierno de Estanisalo Figueras, promovió y consigió que se aprobase la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, aunque no en Cuba por la situación de guerra que vivía. Por aquel entonces, ambas eran todavía colonias de España.
Con motivo de la difícil situación por la que pasaba la República, con el agravamiento de la guerra carlista, Emilio Castelar comenzó la reorganización del ejército, anunciando ante las Cortes que para sostener esta forma de gobierno necesito mucha infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha Guardia civil y muchos carabineros. A pesar de la oposición federalista, las Cortes le concedieron poderes extraordinarios para gobernar, tras lo cual se cerraron las Cortes el 20 de septiembre. Confirmó las sentencias de muerte que provocaron la dimisión de su predecesor, restableció el orden y dejó a punto de rendición a los cantonales de Cartagena.
Sin embargo, el caos provocado por la sublevación cantonal y el recrudecimiento de la guerra carlista le llevaron a reabrir las Cortes el 2 de enero de 1874, para someter a votación la gestión de su gobierno y recabar plenos poderes con los que salvar a la República (que sólo había sido reconocida por dos naciones igualmente federales, Suiza y los EE.UU., y dos países hispanoamericanos) del descrédito total.
Se abrió, en efecto, la sesión de Córtes el 2 de enero de 1874 pero los federales se lanzaron en tromba contra don Emilio Castelar, a quien respaldaba el capitán general de Madrid, don Manuel Pavía, antiguo partidario de Prim, con quien se había alzado en Villarejo de Salvanés. Dos fuerzas bien diferentes amenazaban con interrumpir las deliberaciones de las Cortes; los federales, deseosos de acabar con Castelar a mano airada, y las tropas del general Pavía, partidario de Castelar, que tenía decidido acudir en su socorro para evitar su derrota ante el federalismo.
Salían ya los regimientos comprometidos por la orden del capitán general cuando las Cortes conocieron la derrota de Castelar a mano de sus enemigos por 119 votos contra 101. Dimitió el último presidente de la República, y el de las Cortes, que era Nicolás Salmerón, ordenó proceder a nueva votación para elegir a un nuevo jefe del Poder Ejecutivo.
Pavía se situó en la plaza frontera al edificio, con su estado mayor, y ordenó a dos ayudantes que impusieran al presidente de las Cortes, Salmerón, la disolución de la sesión de Cortes y el desalojo del edificio en cinco minutos. La Guardia Civil que custodiaba el Congreso se puso a las órdenes del general y ocupó los pasillos del Congreso (sin entrar en el hemiciclo). Eran las siete menos cinco de la mañana, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca, y Salmerón, al recibir la orden del capitán general, suspendió la votación y comunicó el gravísimo suceso a los diputados. Entonces, éstos abandonaron el edificio a toda prisa, entre escenas de exacerbado histerismo; algunos incluso se descolgaron por las ventanas. Pavía, sorprendido, preguntó: Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puerta?
Pavía, que era republicano unitario, le ofreció a Emilio Castelar continuar en la presidencia, pero este reusó al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. Estos hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más.
[editar] La República unitaria
En medio de la convulsión política, entró en Cartagena el 12 de enero el general López Domínguez, sustituto de Martínez Campos, mientras Antonete Gálvez, con más de mil hombres, logra eludir el cerco a bordo de la “Numancia”, y pone rumbo a Orán. El final de la experiencia cantonal fue pagado por Gálvez con el exilio, pero la Restauración le permitió, mediante amnistía, regresar a su Torreagüera natal. En esta época entablaría una extraña y entrañable amistad con don Antonio Cánovas del Castillo, máximo cacique de la Restauración, quien consideraba a Gálvez un hombre sincero, honrado y valiente, aunque de ideas políticas exageradas.
Entretanto, tras la negativa de Emilio Castelar, se encargó al general Serrano, recién regresado de su exilio en Biarritz por su implicación en la intentona golpista del 23 de abril, la formación de un gobierno de concentración que agrupó a monárquicos, conservadores y republicanos unitarios, y del que se excluyó a los republicanos federales.
Francisco Serrano, duque de la Torre, de 63 años, antiguo amante de Isabel II, ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado. Proclamó la Republica unitaria, haciéndose cargo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, y gobernó prescindiendo de las Cortes en una dictadura republicana conservadora. Durante su mandato se sometió al último de los cantones insurrectos, el de Cartagena, y se concentraron los esfuerzo en la guerra carlista en el norte de España. El general intentó sin éxito consolidarse en el poder de forma dictatorial, según el ejemplo del régimen de duques y generales que se imponía en Francia a la caída de Napoleón III y tras la derrota Comuna de París.
A los pocos meses, el 13 de mayo cedió la presidencia del gobierno a Juan Zabala de la Puente para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas en el norte. Y más tarde le encargó el gobierno a Práxedes Mateo Sagasta el 3 de septiembre. El 10 de diciembre comenzó el sitio de Pamplona, pero el pronunciamiento de Sagunto lo interrumpió.
[editar] Final de la Primera República
El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto en favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. El gobierno de Sagasta no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo la restauración de la monarquía. El triunfo de la restauración borbónica se logró gracias al trabajo previo de Antonio Cánovas del Castillo, que sin embargo era contrario al pronunciamiento militar.
Hasta 1931 los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Posteriormente, la conmemoración se trasladó al 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, que además, entre 1932 y 1938 fue fiesta nacional.
