ÁFRICA/CONGO RD – Cada vez más violencia en Kivu Norte contra los civiles, cometida también por soldados y policías

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Kinshasa – Secuestros o raptos, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales, así como violaciones y torturas. Se trata de crímenes contra la persona cometidos en el territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo. Lo informa LISVDHE, una organización local de derechos humanos. Fuentes misioneras han hecho llegar a la Agencia Fides el último informe elaborado por la organización, que ha sido redactado por voluntarios que viven en la zona.
Los actos de violencia son cometidos tanto “por hombres de paisano armados con fusiles o armas blancas como por miembros de las fuerzas armadas de la RDC o de la Policía Nacional Congoleña”.
Entre las víctimas de la violencia sexual, muchas son niñas muy jóvenes de entre 12 y 15 años. Uno de los últimos incidentes brutales tuvo lugar el 11 de julio, cuando cinco chicas de entre 12 y 21 años fueron secuestradas por cuatro hombres armados cuando regresaban del mercado rural de Kabaya/Rumangabo.
Las víctimas fueron llevadas al monte donde fueron violadas en grupo y agredidas sexualmente por sus verdugos. Tras tres días de cautiverio y ser sometidas a fuertes torturas, se les ordenó que se pusieran en contacto con sus familiares para negociar su liberación, que tuvo lugar tras el pago de un rescate.
Varios de estos episodios ven implicados a policías y militares que cometen abusos contra civiles. “LISVDHE condena y denuncia los secuestros, las violaciones y la violencia sexual, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los arrestos arbitrarios y las detenciones ilegales, las torturas corporales y mentales de las que son víctimas las niñas, las mujeres, los hombres y los niños en el territorio de Rutshuru, a pesar de la imposición de la administración militar”
LISVDHE también condena el silencio y la pasividad culpable de las autoridades responsables de la seguridad y la protección de los ciudadanos. Por ello, pide a las autoridades judiciales militares que lleven a cabo investigaciones rigurosas, urgentes e imparciales sobre las violaciones de los derechos humanos; y a los mandos militares, por otro lado, que incrementen las operaciones contra los grupos armados ilegales y, por otro, que inculquen a sus militares el respeto a los derechos humanos y que apliquen el código militar contra quienes cometan abusos y violencia contra la población civil.