Un mes después de protestas por obligatoriedad de vacunas, detienen a opositores en San Vicente y las Granadinas

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La Constitución sanvicentina protege la «libertad de expresión, reunión y asociación»

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, en la cumbre de Naciones Unidas para la adopción de la agenda de desarrollo post-2015, 25 de septiembre de 2015. Foto de UN Photo/Mark Garten en Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

El 5 de agosto de 2021, Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, recibió un golpe en la cabeza, supuestamente cuando un manifestante le lanzó una piedra durante una protesta contra la obligatoriedad de las vacunas contra COVID-19 en el territorio caribeño. Las fuerzas del orden no tardaron en hacer un arresto. Annamay Lewis fue acusada de herir al primer ministro el fin de semana siguiente al accidente, mientras que el ministro Julian Francis advirtió que podrían ser inminentes más detenciones.

La protesta se llevó a cabo presuntamente sin permiso policial, un requisito para reuniones públicas según la ley del país. El acto de violencia fue duramente criticado también por la oposición del país y las voces regionales. Sin embargo, el primer ministro Gonsalves ha declarado que considera al líder opositor Godwin Friday personalmente responsable, aunque no penalmente, de su lesión.

La acción de protesta, aparentemente organizado por el opositor Nuevo Partido Democrático y los sindicatos de servicios públicos y de profesores del país, estuvo motivada por la propuesta del Gobierno de eliminar la palabra «voluntaria» antes de «inmunización» en la Ley de Salud Pública, y por las preocupaciones por el proceso de exoneración relativo a la vacuna COVID-19. Actualmente se estima que la tasa de personas totalmente vacunadas en San Vicente y las Granadinas es algo más del 12 % de la población. Hasta el 1 de septiembre, el Ministerio de Salud del país informó de 38 casos activos de COVID-19, con un total de 12 fallecimientos.

El 6 de agosto, un día después de la lesión del primer ministro Gonsalves, el Gobierno consiguió que el Parlamento aprobara las enmiendas de salud pública, que hace obligatoria la vacuna de COVID-19 para algunas categorías de trabajadores de primera línea. Los parámetros de las nuevas disposiciones aún deben ser establecidos por el Gabinete.

Sin embargo, las detenciones del 13 de agosto de los activistas opositores Adriana King y Kenson King han avivado el debate sobre si el derecho constitucional de los vicentinos a protestar está en el punto de mira de las autoridades. A los King los acusaron de cuatro cargos de alteración del orden público relacionados con su supuesto papel en la organización y participación en la manifestación pública del 5 de agosto.

La Constitución del país establece que «toda persona en San Vicente tiene […] derechos y libertades fundamentales» que incluyen «la libertad de conciencia, de expresión y de reunión y asociación».

En 2016, el Gobierno adoptó una controvertida legislación sobre ciberdelincuencia que el Instituto Internacional de Prensa y otras organizaciones de derechos calificaron de «grave amenaza para la libertad de prensa, el libre flujo de información en línea y el debate público». El nuevo texto amplió el alcance de las anteriores disposiciones sobre difamación para incluir la expresión en línea, definida de forma imprecisa como «ciberacoso»

El equipo legal de los King, dirigido por Kay Bacchus-Baptiste, miembro del partido opositor Nuevo Partido Democrático, recurrió a Facebook el 1 de septiembre para alertar a los usuarios de las redes sociales de la detención de otras dos personas: el presentador de radio Colin Graham, y Tyrone James, secretario general del Nuevo Partido Democrático. Ambos fueron acusados de los mismos cuatros cargos de alteración del orden público que los King.

Bacchus-Baptiste calificó las detenciones como «una abominación», y dijo que probablemente se producirían otras tres detenciones antes del 3 de septiembre, y añadió:

It is against what the United Nations and the OAS has said about protests and upholding human rights. […] I condemn it, and I am calling on our prime minister Ralph Gonsalves, who is a lawyer, who represents St. Vincent on the UN Security Council, to come out and condemn it […] speak up for the rights of Vincentians.

Va en contra de lo que Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, han dicho sobre las protestas y la defensa de los derechos humanos. […] Lo condeno y pido a nuestro primer ministro, Ralph Gonsalves, que es abogado y que representa San Vicente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que salga a condenarlo […] que defienda los derechos de los sanvicentinos.

La oposición también ha denunciado supuestos incidentes en los que policías fuertemente armados, del Escuadrón Negro han asaltado las casas de los manifestantes, una denuncia que el primer ministro dice haber remitido a sus abogados.

A inicios de septiembre, la declaración de Bacchus-Baptiste acumulaba cerca de 200 comentarios sobre el tema, como el comentario de la usuaria de Facebook Carla Dougan Bac:

Abuse of process! These charges are frivolous and vexatious and certainly NOT in the public interest: to charge citizens for exercising their constitutional rights is ridiculous! Political victimisation is what it looks like to me!

¡Abuso de proceso! Estas acusaciones son frívolas y vejatorias y ciertamente NO son de interés público: ¡acusar a los ciudadanos por ejercer sus derechos constitucionales es ridículo! ¡Victimismo político es lo que me parece!

Hewitt James calificó los acontecimientos como «un nuevo punto bajo»:

This is human rights abuse on steroids in St. Vincent and the Grenadines. […] Nothing should stop Vincentians to peacefully and rightfully protest. It […] speaks volumes about those in power whom have now become desperate to rule by what ever means. We will never forget this dark chapter in Vincentian history.

Esto es abuso de los derechos humanos con esteroides en San Vicente y las Granadinas […]. Nada debería impedir a los vicentinos protestar pacífica y legítimamente. Esto […] dice mucho de los que están en el poder, que ahora están desesperados por gobernar por cualquier medio. Nunca olvidaremos este oscuro capítulo de la historia sanvicentina.

Sin embargo, Earl Simmons rebatió:

When you break the law, it's the responsibility of the Police to follow up with the consequences […] We can't have it both ways. Criticizing the Police for failure to apply the laws accordingly, then turn around and criticize when they try to apply the laws accordingly. SVG is a country of laws. Let us live by them […] trust the system.

Cuando se infringe la ley, es responsabilidad de la Policía seguir con las consecuencias […]. No podemos tener las dos cosas. Criticar a la Policía por no aplicar las leyes como corresponde, y luego dar la vuelta y criticar cuando intentan aplicar las leyes como corresponde. San Vicente y las Granadinas es un país de leyes. Vivamos conforme a las leyes […] confiemos en el sistema.

En un intercambio con Global Voices, un usuario de redes sociales, que pidió permanecer en el anonimato por temor a ser victimizado, expresó su preocupación por «hacia dónde se dirige el escenario […] al tratar la participación en las protestas como un delito». Afirmó también que se había retirado algunos videos del ataque al primer ministro, que se habían publicado en plataformas como Facebook y YouTube, lo que implica que había una orden de retiro, algo que Global Voices no ha podido confirmar.

En un artículo del 11 de agosto titulado «The Buss Head Agenda», el periodista de Trinidad y Tobago Wesley Gibbings contextualizó la situación en lo que provocó la protesta en primer lugar, la vacunación:

We are fresh from election campaigns in several countries. [St. Vincent and the Grenadines held its general elections in 2020.] There is the stench of both recently-shed and longstanding political blood in the air.

St Vincent and the Grenadines remains in the throes of a volcanic crisis that has decimated its agriculture, displaced hundreds, and drained the country’s treasury.

As an aside, it is unbelievable that the official opposition has resorted to a form of victim-blaming in the case of the prime minister and his injury. It betrays unfortunate denial of the slippery slope some politicians have chosen to engage.

Acabamos de salir de las campañas electorales en varios países. [San Vicente y las Granadinas celebraron sus elecciones generales en 2020]. En el aire se respira el hedor de la sangre política, tanto la recién derramada como la de larga data.

San Vicente y las Granadinas sigue sumido en una crisis volcánica que ha diezmado su agricultura, desplazado a cientos de personas y vaciado las arcas del país.

Por otra parte, es increíble que la oposición oficial haya recurrido a una forma de culpar a las víctimas en el caso del primer ministro y su lesión. Esto revela una desafortunada negación de la pendiente resbaladiza en la que algunos políticos han decidido incurrir.

Sin embargo, en entrevista telefónica, la fuente anónima dijo a Global Voices:

I am fully vaxxed, and the same way I have a right to want to be vaccinated is the same way that others have the right to choose not to be—but to have your rights trampled on for publicly expressing that opinion? That's something else entirely.

Estoy totalmente vacunado, y del mismo modo que tengo derecho a querer vacunarme, otros tienen derecho a elegir no hacerlo, pero ¿que se pisoteen tus derechos por expresar públicamente esa opinión?  Eso es algo totalmente distinto.